La contribución de España a la concepción democrática y al avance social y político experimentado por el mundo civilizado en los albores del siglo XIX no ha sido convenientemente destacada ni se ha explicado con la sabiduría suficiente como para que las generaciones venideras se convencieran de su trascendencia universal. El nuestro fue el primer país que elaboró un documento legal en el que se especificaba con carácter insoslayable que sus habitantes habían dejado de ser súbditos para convertirse en ciudadanos cuando redactó la Constitución del 12 en torno a tres principios inviolables. La libertad, la independencia y la soberanía popular. Aquella ley de leyes, redactada por hombres de bien en momentos dramáticos, determinaba sin coartadas ni disimulos, dónde residía la soberanía de la nación que depositaba en manos del pueblo. No hay otro argumento más justo y más natural a pesar de que hasta entonces nadie, salvo los padres de la patria que redactaron treinta años antes un texto de un folio que se convirtió en la declaración de Independencia de los Estados Unidos, se había expresado al respecto con tanto valor y dignidad. La conclusión más importante de nuestro texto constitucional fue de tanto valor y despertó tanta admiración que, a partir de ser promulgado, sirvió de guía para todas las demás.
En contra de lo que se pueda suponer, nunca me he negado a que la vigente Carta Magna pueda ser modificada. De hecho, ya lo ha sido ligeramente en alguna ocasión. Hay extremos relacionados con la sucesión al trono que sería necesario ajustar para garantizar el reinado de mujeres cuando la ocasión se produzca, pero no estoy en absoluto dispuesto a auspiciar una modificación arbitraria, interesada y absurda que responda únicamente a intereses concretos. La modificación del texto que desean los independentistas no sólo responde a una exigencia individual sino que vulneraría el principio de la soberanía popular y eso no es negociable. Pedro Sánchez, que está jugando al mus con un asunto tan serio, debería sopesarlo.
En definitiva, modificar la Constitución a capricho y voluntad de Cataluña no está en el catálogo a no ser que Cataluña porque la soberanía está en el pueblo y no en los pueblos. La consulta del 9 de noviembre es, simplemente, ilegal.
