Pablo Iglesias, hoy sin cola de caballo por iniciativa propia, y dispuesto a romper con un pasado reciente tras su fracaso político –que no se inicia como muchos creen en los desastrosos resultados de las elecciones madrileñas sino mucho antes- fue introducido por el Gobierno en la comisión de control del Centro Nacional de Inteligencia, utilizando un subterfugio del que se valió Pedro Sánchez para meterlo con calzador. El Decreto Ley, usado con el particular modo con el que manipula esta prerrogativa el presidente del Gobierno. En esta misma tacada que se aplicó para meter de matute al vicepresidente en el CNI, iba incluido el asesor del presidente: el todopoderoso gurú de la estrategia de Moncloa y consejero personal, Iván Redondo.
El argumento al que se aferró el presidente Sánchez para trampear la inclusión de un miembro del Gobierno y un asesor externo en el sancta sanctorum del secreto de Estado era, en efecto, un engaño. Se explicaba en virtud de la extraordinaria situación que vivía el país por efecto de la pandemia, cuya influencia permitía imponer medidas extraordinarias. Decretazo por tanto a favor de dos sujetos de lo más inquietante a los que se abrían las puertas blindadas de los arcanos más subterráneos.
El modo en que Sánchez obtuvo la incorporación de esta pareja a las sesiones del CNI era por sí mismo una trampa, y evidenciaba la vacación de irredento mentiroso que caracteriza a Sánchez. Pero naturalmente esa no era la situación más alarmante. Si bien Iván Redondo es un contratado que desarrolla tareas de estrategia y tratamiento de imagen a cambio de un salario, -lo que le permite cambiar de camiseta cuando lo crea oportuno y le facilita la posibilidad de traficar con la información y marcharse con los secretos de Estado a otra parte- lo de Sánchez es peor, porque esa información a la que accedía ya ha tenido un seguro destinatario y cabe suponer que gracias a la presencia de Iglesias, el presidente Maduro ha estado accediendo en tiempo real a las deliberaciones más recónditas de la inteligencia española. Y utilizándolas.
El Constitucional ha considerado que ambas incorporaciones son ilegales, y ha estimado anularlas. Tarde lo ha hecho, cuando Iglesias lleva recibiendo esta delicada información más de dos años y desarrollando una actividad internacional paralela y disidente en general de las directrices de Asuntos Exteriores. Pero al menos, no seguirá espiando.
