Opinión

Un gobierno de abogados

Puestos a hacer preguntas, me pregunto a mí mismo si merece la pena el esfuerzo de soportar un gobierno quebrado en dos y empecinado en reñir todos los días una mitad con la otra. El gasto social que ocasiona esta situación delirante, la erosión mental que implica levantarse y acostarse jornada a jornada con una trifulca entre ministros, la pesadilla en la que vive el sufrido administrado observando cómo los que deberían estar trabajando unidos por desempeñar una buena administración de los bienes públicos y un control ejemplar de los recursos que proceden del bolsillo del contribuyente se tiran los muebles a la cabeza… transmite tal fatiga y conduce a tal hastío que es lícito reflexionar sobre si esto es sano para el cuerpo y el espíritu. Yo, personalmente, no lo considero saludable precisamente.

Pero al hilo de esta primera pregunta brota de inmediato una  nueva, necesaria y digna de recibir una respuesta con carácter urgente. Cómo es posible que un equipo ministerial en el que conviven al menos tres jueces de carrera y en activo –Robles, Marlaska y Llop- y un buen número de licenciados en Derecho –el presidente Sánchez por supuesto, acompañado de Yolanda Díaz, Teresa Ribera, Félix Bolaños, José Manuel Albares, Raquel Sánchez, Luis Planas, Isabel Rodríguez y Carolina Darías- se hayan tragado sin pestañear la famosa ley del sí es sí elaborada precisamente bajo los auspicios de dos responsables ministeriales ninguna de las cuales es licenciada en Leyes. Ambas, Montero y Belarra, son psicólogas de oficio, aunque no siempre las fuentes coinciden respecto a la ocupación de la primera. Unos dicen que sí y otros dicen que no. Pues tanto da, a juzgar por los resultados.

Sea lo que sea Irene Montero lo cierto es que su ley estrella ha producido el peor efecto. Y el socavón  que ha ocasionado en sede gubernamental puede costar un buen disgusto. En su necesario remiendo han participado los ministros del ala socialista, quienes han tratado de tapar el agujero con suerte diversa. Lo peor es que los delincuentes sexuales que han salido gracias a la ley ya no volverán al trullo.

Si lo consiguen habrán enderezado su suerte pero sigue coleando la mayor. Un gobierno de abogados se traga sin poner condiciones ni analizar errores la legislación más dañina aprobada en España desde los tiempos de Franco. 

Pues que me lo expliquen.

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