Opinión

Un impuesto por buenos

Cuesta creer que el presidente de una comunidad autónoma –Valencia en este caso- haya podido exponer públicamente la idea de aplicar un impuesto especial a la comunidad de Madrid alegando como razón única para proponerlo que todos los territorios españoles han ayudado a Madrid a alcanzar la situación de dominio de la que ahora disfruta y que justo es que lo pague. La propuesta no solo es absurda y ridícula sino que expresa un alto nivel de mezquindad y, consecuentemente, retrata al personaje. Confieso que no me imaginaba un comportamiento así de un hombre aparentemente sensato, –hasta este momento suponía que Chimo Puig era un sujeto serio y razonable- así que cuando me enteré de que el presidente valenciano se había descolgado con un disparate como el que estaba expresando, me sentí francamente perturbado.

Pero si la propuesta de Puig es en sí misma una propuesta sórdida y basta con escucharla para catalogar la catadura moral del que la propone, resulta aún más infame tras comprobar con los datos en la mano la injusticia que proclama. Ahora sabemos que las únicas comunidades que aportan dinero al fondo del equilibrio autonómico son Cataluña, Baleares y Madrid. De los 19.000 millones que componen el fondo, 8.500 millones provienen de la aportación de estas tres comunidades que tienen la mayor renta per cápita de todas las españolas. Puig debería haber repasado las cuentas y habría comprobado que de esos 8.500 millones, 6.000 los aporta Madrid. Cataluña aporta 2.000 y Baleares, 500. En definitiva, Madrid cede al fondo común tres veces más que Cataluña o lo que es lo mismo, el 25% de sus impuestos.

Pero el hecho más infame no es ese mensaje intratable de Chimo Puig y su conseller de Economía justificando la promulgación de un impuesto específico para Madrid por haber conseguido una mejor situación social y económica, sino la respuesta del ministro Escrivá que aceptó el asunto entusiasmado.

Por fortuna, la cordura y el sentido común se impusieron en esta ocasión, y fue la titular de Hacienda, María Jesús Montero, la que corrigió a Escrivá y negó cualquier posibilidad de penalizar a Madrid colocando a Escrivá en el pináculo de los ridículos. Escrivá se la ha tenido que envainar y aquí paz y después gloria. Menos mal.

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