A falta del correspondiente recurso que su defensa interpondrá ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Rodrigo Lanza ha sido condenado a veinte años de cárcel y el abono de 200.000 euros a los deudos de su víctima, después de que el propio tribunal al que la defensa del reo acude para solicitar la revisión de la sentencia ordenara la repetición del juicio. Lanza mató a un hombre llamado Víctor Laínez en un bar por llevar unos tirantes con la bandera española. Los hechos se narran muy pormenorizados en el auto del juez y consignan que este sujeto agredió e insultó a Laínez, abandonó el bar y volvió a entrar allí de nuevo, propinándole un puñetazo en la nuca por la espalda que lo derribó medio inconsciente en el suelo donde lo pateó y golpeó con los puños subido sobre él a horcajadas hasta causarle la muerte. El nuevo juicio anula la primera sentencia, determina el delito como asesinato por motivos ideológicos y castiga con el rigor necesario, una muestra de crueldad atroz que acabó en irreparable tragedia.
Lo verdaderamente disparatado de este tremendo suceso es el comportamiento del jurado en la primera vista, firmante de una decisión tan sorprendente e inaceptable que el propio Tribunal Supremo de Aragón hubo de actuar de oficio para anular su dictado y ordenar la repetición del proceso. Aquel jurado al que el alto tribunal regional califica de “indolente” por su comportamiento falto de motivación, aplicó al auto de los hechos un abanico de eximentes que consiguieron dejar la sentencia en cinco años. Lo halló culpable de un delito de lesiones en concurso con homicidio imprudente, pues resolvió que no tenía intención de matar. De hecho, resolvió que la muerte de Laínez no se había producido por los golpes recibidos sino por el impacto de su cabeza contra el suelo al recibir la primera agresión.
Este caso es emblemático para introducir una duda razonable y sensata sobre el papel a desempeñar por los jurados populares en procedimientos tan graves como el homicidio. No es el primero que se repite ni será el último, y expresa la dificultad de que personas que no tienen formación jurídica o forense alguna tengan que tomar decisiones sobre asuntos tan delicados como los que determinan las fronteras entre la vida y la muerte. O una cosa así.
