Acabo de ver en televisión a la abogada de uno de los condenados que se benefician de la famosa ley del “solo sí es sí” explicar lo mal que personalmente se siente por el efecto que ha generado, y lo que íntimamente le inspira la aplicación de las ventajas que proporcionan sus lagunas. La joven letrada reafirmaba muy a su pesar sin embargo, lo que casi todo el mundo supone. Que el colectivo al que pertenece y al que igualmente pertenecen jueces y fiscales no legisla, y que lo único que les corresponde a ellos es aplicar las leyes que proponen y aprueban los parlamentarios. La culpa por tanto de este lamentable resultado no la tienen los magistrados, ni la tienen los letrados, ni la tiene el ministerio público. Los responsables son los políticos, que cuando legislan deben tomar conciencia plena de lo que están legislando.
Irene Montero sigue encastillada en la burbuja virtual que ella misma y sus adláteres se han fabricado. Acorralada por los funestos resultados de una ley no suficientemente contrastada ni estudiada en todas sus facetas, redactada y expuesta con prisas para poder convertirla en santo, seña y bandera de una legislatura que pueda condonar los escasos logros obtenidos en su cargo, Montero ha cometido un error gravísimo cuyas desastrosas consecuencias se están padeciendo a partir de ahora en cada jornada que pasa. Ha tenido que aprender a convivir con el desespero y no ha dudado en despejar su culpa, y cargársela a todo el que ha podido para librarse de la asunción de sus enteras e intransferibles responsabilidades. El despropósito ha tocado techo y, tras culpar a los policías primero y a los jueces después, ahora insulta gravemente en sede parlamentaria. Ayer acusaba a voz en grito desde su escaño en el banco azul al primer partido de la oposición de promover “la cultura de violación” -si es que en la violación hay cultura- en un último intento por exculpar sus errores y horrores. Montero no merece ocupar un ministerio y debería comenzar a exculpar sus gravísimas carencias pidiendo perdón en varios tramos. Primero y especialmente, a los que su lamentable proceder ha destrozado, como víctimas y familiares de víctimas de violencia y malos tratos. Después, a jueces y fiscales. Y luego, a policías y asociaciones siempre involucradas en el combate de esta lacra. Y finalmente, a todos los ciudadanos. Una vez cumplido este acto necesario, recoger sus papeles y marcharse a casa. Y no abrir más la boca.
