La distancia que separa la España política de la real es cada vez más profunda
Ya ha quedado dicho que los españoles no consideran la Corona problema alguno, y así se manifiesta en las encuestas llevadas a cabo por el CIS en las pocas ocasiones en las que la institución monárquica sale a colación en las propuestas que el centro sociológico expone. Los últimos datos demuestran que la Monarquía ocupa el penúltimo lugar en el catálogo de cuestiones que preocupan a los administrados, e informan que los que muestran alguna preocupación al respecto no superan el 0’2%.
Por tanto, la distancia que separa la España política de la España real es cada vez más profunda, pues mientras el pueblo solicita el concurso de los responsables de gobernar en un amplio abanico de cuestiones cotidianas de primer nivel que se desgranan en facetas tan trascendentales como el desempleo, los problemas económicos e incluso la propia clase política, los partidos, sus representantes, la prensa y los integrantes del Gabinete llevan varias semanas atizando martillazos en el mismo yunque y especulando, interpretando y analizando la situación planteada por el rey emérito y su viaje a España y las supuestas consecuencias de esta excursión mientras el sufrido contribuyente dirige sus miradas y sus necesidades a otro lado.
Es bien cierto que Juan Carlos no ha tenido un comportamiento ejemplar y su historial no es precisamente un referente de sentido común, honestidad y prudencia. Desde hace muchos años, el rey ha elegido vivir una vida de excesos y cuchipanda que le ha proporcionado un caudal casi infinito de relaciones extramatrimoniales. Es cierto que sus intervenciones personales le han proporcionado beneficios económicos, financieros y fiscales que no ayudan en nada a mantener la trasparencia y el buen gobierno en el ámbito de la Casa Real. Es cierto que ese ámbito equívoco ha fomentado un clima de relajo y mala praxis que ha facilitado la comisión de actividades impresentables que salpican e involucran a varios miembros del clan… Es cierto.
Pero no es cierto que el pueblo viva pendiente de este ámbito. Su gestión compete fundamentalmente a la Justicia mientras los españoles exigen a su Gobierno y a sus instituciones otro tipo de comportamientos y el cumplimiento del deber de gobernantes. Lo demás sobra.
