Opinión

En manos de un golpista

El escaño obtenido por el PP en Madrid, concedido gracias a los resultados aportados por el voto exterior, obliga a un cambio sustancial en el ámbito de la negociación que afrontan las dos grandes formaciones del espectro político nacional. 

Si el PP gana un escaño, el PSOE lo pierde, y en un escenario tan cerrado, en el que la igualdad está definida por cálculos aritméticos de una exactitud sorprende, una circunstancia como esta supone un vuelco no solo en el reparto de fuerzas, sino en la estrategia a la búsqueda de una mayoría que permita la formación de una mayoría solvente. 

Ahora, con 137 asientos para el partido vencedor y 121 para el perdedor, la apretura es máxima, y todos sabemos ya -incluso aquellos a los que la política les importa un bledo- que la llave de la gobernabilidad ha ido a parar con este vuelco, a las manos de un partido político católico, conservador y secesionista  reconstruido de las cenizas de Convergencia i Unió llamado Junts per Cataluña, la formación que gestiona y domina desde su refugio allende nuestras fronteras del prófugo Carles Puigdemont, al que el destino para unos y las debilidades de un sistema jurídico excesivamente laxo y despreocupado para otros, convierte en juez y parte de una decisión histórica. En las manos de un independentista que es cerebro de un intento fallido de golpe de Estado y permanece hoy en el exilio como prófugo de la Justicia, está el nombramiento de un presidente del Gobierno. Pero no de un Gobierno cualquiera sino de aquel que cuyo nombramiento espera precisamente el país del que desea desvincularse y contra cuya soberanía se ha posicionado abiertamente. No recuerdo en ningún rincón de la Historia europea al menos en los últimos tres siglos de memoria, una situación de tal naturaleza.

Personalmente opino que un escenario semejante no puede ser admitido institucionalmente como herramienta para la designación del futuro presidente del Gobierno para los próximos cuatro años. Depender de un golpista para determinarlo, atenta contra la propia dignidad democrática de un país que se ha  ganado esa condición con mucho trabajo y mucho dolor partiendo de una dictadura hasta convertirse en un referente de libertad y respeto. Pero no es mi opinión la que cuenta sino la de las autoridades. Y en eso estamos ahora. Yo no me haría muchas ilusiones, eso es cierto.

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