Para ser unos presupuestos tan dudosos que están desatando las críticas más feroces entre las instituciones y los expertos más versados en la materia económica, bastante ruido están montando y más que van a montar estos si, a cambio de ser votados por el independentismo catalán, se modifica el Código Penal en el apartado que determina el modo de juzgar el delito de Sedición, que el diccionario de la RAE define como: “alzamiento colectivo y violento contra la autoridad, el orden público o la disciplina militar” Los nuevos presupuestos presentados por el Gobierno actual recuerdan, según las cada vez más numerosos voces discordantes, a una entelequia y poco tienen de realidad. Son imposibles de cumplir y pero aún en un marco amenazado de recesión como el que vamos a afrontar en los próximos meses con creciente gravedad a medida que transcurre el año. Semejante escenario le importa poco al presidente cuya única preocupación a esta hora es conservar la sillita de la Moncloa. Lo demás le da igual y utilizará lo que sea menester para lograrlo.
Lo más mezquino de esta situación planteada por Sánchez, no es siquiera suponer que sus decisiones están estrictamente encaminadas a salvar del trullo a los independentistas catalanes que se alzaron contra el Gobierno y la nación. Al fin y al cabo, la banda que promulgó unilateralmente la independencia de Cataluña y acabó en la cárcel es hoy una cuadrilla de robaperas a la que su máximo adalid –el llamado Carles Puigdemont- dejó en la estacada y permitió que purgara mientras él se daba a la fuga y se refugiaba en el exilio con cargo al erario público. Lo que realmente indigna esta costumbre de Sánchez que se ha hecho hábito y que consiste en mentir cada vez que abre la boca. La última de sus mentiras es la de tratar de convencer a sus administrados de que la reforma del delito de Sedición nada tiene que ve con la necesidad de asegurarse los votos, y se debe al compromiso personal de equiparar el tratamiento jurídico español al resto de los países comunitarios, lo cual es radicalmente falso. Un ojeada al ordenamiento jurídico continental descubre que en Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Portugal, las penas aplicables a los que atentan contra la seguridad del Estado son tan severas o más que en que España. Si Sánchez cumple su intención, la diferencia se acrecentará. En resumen, además de mentirnos nos toma por idiotas.
