El porcentaje de discapacidad no es sólo un número, sino, el cordón umbilical que da luz a ciertos derechos a nivel fiscal, laboral, económico, educativo o social.
Las valoraciones se hacen a través de equipos de profesionales multidisciplinares que se encargan de valorar las capacidades de una persona para realizar las actividades básicas de la vida diaria.
Al inicio de la pandemia, las valoraciones ordinarias se suspendieron, sustituyéndose por valoraciones telemáticas (llamadas de teléfono en su mayoría). Lo grave del asunto en que en 2020 un 37% de las valoraciones fueron por teléfono y que a día de hoy una gran parte se siguen realizando de forma telemática.
Lo cierto es, que al conocer casos con nombres y apellidos la empatía aumenta, y es mucho más sencillo humanizar el contexto del cual hablamos. A mi conocimiento llegó (entre otros) uno de los casos que forman parte de ese 37%, el caso de una joven gallega, nacida en 1987, que tiene diagnosticado desde hace años el Síndrome de Usher, uno de los principales trastornos degenerativos causantes de sordoceguera, que en la actualidad no tiene cura. A finales de 2019 la Seguridad Social, dependiente del Ministerio, resolvió una incapacidad permanente para ella. Por parte de la Xunta, se resolvió en 2017 un grado de discapacidad de un 53% en su caso, y tras una valoración por teléfono en febrero de este mismo año, le bajaron el grado a un 39%.
Me pregunto, ¿cómo se puede valorar una sordoceguera por teléfono? ¿Cómo valorar su afectación en cuanto a las actividades básicas de la vida diaria de esa persona? Y sobre todo me pregunto, ¿cómo se puede resolver bajar el grado en este caso tras una llamada telefónica?
La cuestión es, que las personas que forman parte de esos equipos (EVO) son profesionales bien formados, pero las normas y el sistema están bajo decisiones políticas. Y estos mismos profesionales, son los que día a día tienen que tragar numerosas quejas (derivadas de decisiones políticas) por parte de personas que tienen situaciones muy delicadas, o que están atravesando uno de los acontecimientos vitales más duros para un persona: asumir y adaptarse a una discapacidad.
En el último pleno del Parlamento de Galicia, se debatió esta cuestión a propuesta del grupo socialista, donde solicitamos que se retome la presencialidad y normalidad de las valoraciones de discapacidad. ¿Cómo explicar a estas personas que pueden ir a tomar un café, al gimnasio o al cine por ejemplo, pero no pueden ser valoradas presencialmente de su discapacidad?
El Partido Popular se opuso y, haciendo uso de su mayoría, la iniciativa no prosperó. Pero lo que no entiende el gobierno de la Xunta es que el “no” a una propuesta tan lógica, justa y demandada socialmente, sólo por el hecho de que la propuesta venga del PSdeG, es decir un “no” a la ciudadanía gallega afectada, quien paga las consecuencias
