En la vecina Francia se ha gestado una convulsión social y política de gran envergadura. Y no es para menos porque el ex jefe del Estado francés, Sarkozy, después de ser detenido provisionalmente y tras mas de diez horas de interrogatorio, los jueces han decidido imputarle por delitos de corrupción, un asunto muy serio, tanto que, de confirmase en sentencias, podría acarrear penas de entre cinco y diez años de prisión.
Como es normal en estos casos de procesos penales que afectan a personajes de la clase política, inmediatamente se adopta una línea de defensa consistente es desacreditar -o, al menos, intentarlo- a los jueces acusándoles de ser instrumentos activos de una politización encubierta. Vamos que lo que se quiere es generar un conflicto artificial para que el acusado, hombre de indudable carisma en Francia, no pueda regresar a la política activa, en el caso, bastante probable, por cierto, de que escondiera en su interior esas intenciones. Yo no puedo garantizar si las acusaciones de corrupción y las correlativas de instrumentalización política son ciertas o falsas. Pero lo que si creo estar en condiciones de asegurar es que cuando los intereses políticos andan por en medio, la judicatura sufre en su independencia de manera notoria. ¿Hasta el punto de usar a jueces para finalidades espurias? Pues parece que si. No nos engañemos: la separación formal de los tres poderes se corresponde con una identificación mas o menos subterránea. El parlamento se resume en tres o cuatro personas, que son los líderes de los partidos correspondientes, porque los demás parlamentarios tienen que votar lo que les manden por eso de la disciplina de voto. Por ello el poder se encargó de decir a los cuatro viento que la Justicia era “independiente”, pero al tiempo creaba un sistema de designaciones y nombramientos que convertía la independencia en un producto para consumo de los que ignoran la realidad de las cosas. Los políticos decidieron mandar sobre los jueces para sus fines propios. Y en ciertas y sonoros casos no tengo duda de que lo consiguieron.
Pero dejando esto al margen llama la atención lo siguiente: un ex- jefe de Estado es imputado, detenido y sometido a un interrogatorio judicial por delitos cometidos durante su mandato. Y no me refiero a un ex jefe de un Estado cualquiera, sino a Francia que es una gran nación en muchos sentidos y un pilar decisivo en la historia y futuro de Europa. Y traigo esta reflexión porque en estos días, en España, se habla de dos cuestiones relacionadas con este asunto: una de ellas inviolabilidad del rey. Otra el aforamiento del rey padre del rey
¿Sería posible que se diera en España una situación como la que ha surgido en Francia con el anterior jefe del Estado si se descubriera que ha cometido ese tipo de delitos? Pues no. Al menos con la Constitución en la mano y la interpretación de la doctrina mayoritaria, no. ¿Y por qué allí si y aquí no? Pues porque Francia es una república presidencialista y España una monarquía parlamentaria. La cláusula tradicional de la excepción de responsabilidad de los reyes funciona como impedimento. ¿Y por qué si ambos son Jefes del Estado uno tiene que ser inmune y el otro responder por los posibles delitos? Pues no hay explicación racional. Solo el arrastre histórico. ¿Y debería ser modificado ese criterio? No tengo duda alguna. Algunos pensamos que es todavía posible para España, aun cuando nuestro sentir intelectual sea republicano, una monarquía, pero del siglo XXI, y para ello necesitamos reconstruir su idea de base, centrándonos en que es una jefatura del Estado que deriva de la soberanía popular y no de ningún exótico designio divino, y que, en consecuencia, esas exenciones de responsabilidad nacidas de ideas abstrusas de otros momentos históricos, deben ser cambiadas. A largo plazo sucederá lo que tenga que suceder, pero a corto plazo es necesario darse cuenta de que ciertas patologías deben ser corregidas por iniciativa de la Corona. De otro modo la situación podría ver mucho más difícil de llevar.
