Diferentes expertos de España, Portugal, Italia, Francia y Reino Unido se reunieron en Madrid el pasado 7 de julio para debatir y afrontar los retos que a su juicio se presentarán ante los médicos y el sector sanitario en la Unión Europea. Una de las mesas redondas se centró en el acceso a los medicamentos en nuestro marco comunitario, partiendo de una premisa previa: la decisión de financiar un fármaco con dinero público debe ser transparente y basada en estrictos criterios de evaluación. En la mente colectiva todavía colean las polémicas desatadas tras la irrupción de los nuevos antivirales para erradicar la hepatitis C o la pugna de determinados estados en vías de desarrollo contra la todopoderosa industria farmacéutica a la hora de sintetizar fármacos genéricos más baratos para el tratamiento del SIDA, por ejemplo.
Al respecto, lo ético es que cualquier tratamiento o tecnología sanitaria que supere los ya existentes debería incorporarse a un precio justo, por supuesto siempre y cuando otras necesidades sociales no se vean afectadas. Dentro de la rivalidad política hay quienes interesadamente confunden criterios de austeridad o ahorro con los ejercicios de elección clínica, ética y profesional. Y viceversa.
Por otra parte, sería una tremenda irresponsabilidad incluir alternativas terapéuticas que no hayan demostrado su efectividad y seguridad. En otras palabras, la prudencia siempre recomienda que cada nuevo medicamento posea un valor añadido, cuantificando al máximo su contribución en materia de eficacia, seguridad y efectividad terapéuticas.
Los costes en investigación, desarrollo e innovación de cualquier fármaco resultan enormes. Las compañías farmacéuticas invierten ingentes recursos para obtener una molécula económicamente rentable. Para los expertos, la transparencia en los costes de desarrollo y en los ensayos clínicos resultan esenciales para establecer cuál sería el precio justo de la novedad técnica o terapéutica.
Estas reflexiones se nos antojan necesarias y fundamentales en los albores de una época en la que los tratamientos genéticos, la robótica y la nanotecnología sin duda alguna revolucionarán la medicina del siglo XXI. Como decía la canción, el futuro ya está aquí. Mientras los estados europeos emplean diferentes políticas de fijación de precios y establecen cuotas de reembolsos para controlar el gasto farmacéutico y garantizar la equidad ciudadana en el acceso a los recursos sanitarios públicos, cada vez son más las voces reclamando una agencia comunitaria independiente que valore los medicamentos y las tecnologías sanitarias. Desde 1995 existe la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), un intento de proteger y promover la salud humana y animal mediante la evaluación y el seguimiento de los medicamentos en la Unión Europea y el espacio Económico Europeo, con sede en Londres, y ahora con Barcelona como serio candidato para albergarla tras el Brexit. Habrá que estar atentos.
