Hace unas semanas, desde esta misma palestra, parafraseábamos el título de la mítica franquicia del cineasta George Lucas, al respecto de la "Guerra de las Vacunas" desatada entre AstraZeneca y la Comunidad Europea, cuyos últimos episodios continuamos contemplando con perplejidad.
Algunos países, como por ejemplo Dinamarca, llegaron incluso a suspender la inmunización con AstraZeneca y Janssen, alegando cuestiones relacionadas con el balance riesgo beneficio de dichas vacunas. Entretanto, en España, hemos visto de todo: desde posiciones iniciales que negaban la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford a los mayores de 55 años, pasando luego a no vacunar con ella a los menores de 60 años, para finalmente restringirla al grupo con edades comprendidas entre los 60 y los 69 años. Así lo decidió en su día el Consejo Interterritorial de Salud por un principio de precaución, tras las conclusiones del dictamen de la Agencia Europea de Medicamentos (EMEA). Recordemos además que la vacunación con AstraZeneca llegó a estar suspendida en nuestro país durante 2 semanas, cuando muchos miembros de los servicios esenciales (docentes, bomberos y fuerzas de seguridad) acababan de recibir la primera dosis de esta vacuna.
Pues bien, ahora el imperio contraataca. El Ministerio de Sanidad español, tan criticado por su gestión de la crisis sanitaria desencadenada por la pandemia de Covid-19, insiste ahora en recomendar la administración de una segunda dosis con la vacuna de Pfizer-BioNTech para completar la inmunización de todos estos colectivos, en contra de los criterios de la propia comisión nacional de Salud Pública, del Consejo Interterritorial y de la EMA. Por si fuera poco, se han inventado el requerimiento de un consentimiento informado que deberá firmar todo aquel que desee completar su pauta de vacunación con AstraZeneca, opción defendida por los expertos en base a razones científicas, y que está eligiendo mayoritariamente el colectivo de afectados.
No somos los únicos que nos preguntamos por qué un ciudadano tiene que firmar un consentimiento para recibir una vacuna según las recomendaciones recogidas en su propia ficha técnica. Por qué, a pesar de los consejos de la comunidad científica y de la mismísima EMA, los máximos responsables de la sanidad española descargan una decisión tan importante en la responsabilidad particular de sus administrados.
Simplemente recordar que la ficha técnica de un medicamento, en este caso una vacuna, es el documento oficial destinado al profesional sanitario, aprobado y registrado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) o la EMA, que recoge las condiciones de uso autorizadas, que no deberían ser obviadas nunca. El asunto parece que no se detendrá aquí. En aspectos tan cruciales, la política continúa al margen de la ciencia. ¿Para cuando el Ataque de los Clones?
