Tras la multitudinaria manifestación del sábado en Madrid contra la futura ley de amnistía (van ya tantas que se pierde la cuenta) la novedad de esta semana en la arena política nacional son los nombres de las personas que encabezarán los numerosos ministerios, habiendo anunciado el propio presidente del Gobierno que el conjunto presenta acusado perfil “político”, calificativo que suele oponerse al de “técnico”
Ante todo, cabe preguntarse qué se entiende por dicho contraste, comenzando por el sentido de esta expresión, “perfil político”; sobre la cual, una rudimentaria búsqueda en Internet arroja que existen cuatro tipos de perfiles, según las personas a las que correspondan: 1) vinculadas al quien preside, 2) vinculadas al partido político que gobierna, 3) vinculadas a otra organización política próxima y 4) de perfil más independiente.
Es decir, aceptando esta clasificación, el perfil más o menos político (en este caso, de los futuros ministros y ministras) dependería de la proximidad con quien preside (el Gobierno de la Nación, en este caso), lo que supondría el grado más alto, descendiendo primero hasta quienes se integran en su propia formación política y después aquéllos de las afines. Los independientes se presupone que entrarían como perfiles de tipo técnico.
Este contraste, sin embargo, puede interpretarse en el negativo sentido de verlos como perfiles excluyentes; esto es, que quienes presentan uno más político se alejan del técnico y viceversa, algo indeseable en los dos casos, pero, sobre todo, en el primero, dado el nivel de sofisticación y complejidad que presenta la gestión de los asuntos públicos en la actualidad. Por eso, lo razonable sería que ambos perfiles convergiesen en la misma persona.
Además, el elevado número de ministerios -idéntico al de la anterior legislatura y alcanzando los veintidós- parece difícil de justificar, sin olvidar, por otra parte, su elevado coste. Esto queda patente considerando las atribuciones de algunos de ellos que, en el mejor de los casos, podrían ampararse bajo una secretaría de Estado, algo que permitiría, como mínimo, una mayor y mejor coordinación entre las diferentes áreas.
Por ejemplo, sería lógico que -con otra persona de titular- el Ministerio de Trabajo incluyera la Seguridad Social, dada la interrelación entre ambos sectores; al igual que sucede con los Ministerios de Industria y de Transición Ecológica. O efectuar esa fusión entre ámbitos muy descentralizados en favor de las Comunidades Autónomas -por ello, con escasas competencias- como sanidad y consumo; o cultura y educación.
En cambio, se junta el Ministerio de Presidencia y Relaciones con las Cortes con el de Justicia, rebajando así de categoría al último, que siempre había sido único, a salvo el breve bienio 1994-96, donde fue agrupado con Interior. Aunque, viendo el nulo interés manifestado por el partido socialista últimamente en la separación de poderes, no extraña tanto este tutti frutti de competencias entre lo ejecutivo, lo legislativo y lo judicial.
En fin, si hubiera que salvar algún acierto, sería la reunificación de Ciencia y Universidades, pues la primera descansa en nuestro país en las segundas, cuya gestión está, además, ampliamente descentralizada en favor de las Comunidades Autónomas. Eso sí, ambas a cargo de la hasta ahora titular de Ciencia, la ministra más desconocida, según el CIS; aunque, con la que está cayendo, no sorprende que haya quien opte por mantener un perfil bajo.
