Opinión

Brecha, ignorancia o malicia...

Además de la Unión Europea, que vigila por el cumplimiento de toda una serie de garantías para los ciudadanos que comparten el espacio común, para muchos pueda resultar sorprendente que la ONU envíe relatores periódicamente a todos los países posible, además de los comprendidos en el Espacio Schengen, que por supuesto incluye a España, a fin de constatar el respeto de los derechos humanos. Ambas Instituciones, junto a otras de carácter privado como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, redactan informes periódicos, de acceso público, donde se refleja el amplio abanico de cuestiones que afecta a los ciudadanos, desde el respeto a la vida y la integridad individual, la protección de la propiedad privada, el acceso a la Justicia, la Educación o la Sanidad, las garantías jurídicas, políticas y sociales o la igualdad, velando en la prevención de violaciones de derechos o  discriminación por motivos raciales, ideológicos, confesionales y, claro está, de género.

Por eso llama particularmente la atención que la ministra de Trabajo le haya metido un sopapo a las empresas exigiendo un registro para “analizar” la brecha salarial, ya que sólo caben dos opciones: o la titular del Ministerio desconoce la existencia de las antedichas instituciones y su actividad, o bien se dedica a marear para apuntarse un tanto estéril. Cualquiera de las dos igual de censurables. Pero para que quede claro y, en base precisamente a la evaluación de la UE, conviene dejar claro que pese a la evidencia de unos ingresos inferiores de la española frente a los de su compañero, la razón no se halla en que cobre menos.

Sí, puede parecer enrevesado pero es muy sencillo de entender. Una explicación simple y comprensible es por qué una empresa paga 10 euros/hora por coser botones a camisas,al final del día abona a un empleado 80 y a otro 100 euros. No hace falta ser muy perspicaz para comprender que el primero trabajó ocho horas y el segundo diez. Ambos cobran los mismo, pero aunque difieran sus ingresos queda claro que no existe entre ellos ningún tipo de discriminación ni de desigualdad.

A tenor de los datos ofrecidos por el Parlamento Europeo sobre la brecha salarial de género en España, desde 17% del año 2012 bajó a un 13,9% el pasado 2020. Pero esta diferencia no tiene su fundamento en que la mujer cobre menos que el varón, lo que sí constituiría un hecho discriminatorio. Que cobrando ambos lo mismo no ganen igual abre una interrogante tan fácil de contestar como el ejemplo anterior, y que al mismo tiempo ilustra la mayor presencia de hombres  en el Consejo de muchas empresas, y que obedece en  la razonablemente reciente incorporación de la mujer al mundo laboral, igual que apenas hace una décadas a la esfera académica. 

En otro orden, hay que comprender que la diferencia retributiva no de debe a que el hombre cobre más por hacer el mismo trabajo ya que, de ser cierto,  las empresas sustituirían a todos por mujeres para ahorrarse un13,9% en salarios, dejando las cifras de desempleo femenino a cero. La clave se halla en ámbitos alternativos. Uno es que, pese a una mayor participación del hombre en las tareas domésticas, ámbito que aun así debe mejorar, la mujer continúa inclinándose por empleos más conservadores donde la jornada sea más reducida. De ahí su prevalencia en la Administración, que le permite disponer de mayor estabilidad laboral y tiempo para la atención de su familia, aún a cambio de salarios más bajos ya que, pese al imaginario popular, por desempeñar idéntica labor, el trabajador público ingresa entre la mitad y un tercio de lo que se recibiría en la empresa privada. 

Por otro lado no es el empresario sino el Gobierno -al ser España un estado ultra intervencionista-, quien fija los salarios públicos y privados a través del Ministerio del que la propia Yolanda Díaz es titular. Es decir, que si su intención es buscar la equidad laboral, no sólo va desencaminada sino que ya puede empezar por dejar de buscar culpables en quienes crean empleo, dejando de ver la paja en el ojo ajeno en vez de la viga en el suyo, pese a la afirmación de Jonathan Swift relativa a que mentira y política suelan caminar juntas al ser compañeras de viaje que no se estorban, bastando mentir bien y conseguir que haya siempre un punto de verdad que esconda la mentira.

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