Se refiere esta expresión al artículo 29 de la Ley Electoral de 1907 propuesta por Antonio Maura y Montaner, paradójicamente para acabar con los caciquismos. Así el manido párrafo contemplaba que en los lugares con un único aspirante, éste pasaría a ser inmediatamente diputado sin necesidad de votación. Huelga soslayar los medios utilizados para lograr el abandono de los contrincantes con tal de llegar a la cita electoral como candidato exclusivo.
Pero salvando las distancias entre la monarquía de Alfonso XIII con la actual así como su presidencia conservadora y la presente, lo de Maura fue mucho más allá proponiendo una “revolución desde arriba o revolución desde el Gobierno” en la que los corregidores de las principales urbes serían designados por el Ejecutivo, que en el fondo poco se aleja de la propuesta de reforma electoral del PP, entonces y ahora una muestra de conciencia antidemocrática y tan caciquil como en la que a la postre desembocó aquella Administración de principios del pasado siglo.
Sabido esto alguno dirá que don Antonio fue un profeta o que Rajoy es un plagiador, porque no se aprecian diferencias notorias entre la ambición de ambos por apoderarse de los ayuntamientos. Y es que por más vueltas que se le quiera dar, lo que la actual reforma persigue cien años después es que el PP acapare el mayor número posible de consistorios de las principales metrópolis con absoluto desprecio por el electorado. No es una cuestión de matiz ya que perseguir que dicte y mande la lista más votada pese a no alcanzar un mínimo de legitimidad en las urnas, supone manifiestamente pretender que menos de la mitad represente a la mayoría, lo que en sí mismo más que un dislate es un atropello antidemocrático.
La democracia se basa en el poder representativo de la mayoría. Esos presidentes, alcaldes, ediles, ministros, consejeros y demás representantes públicos parecen olvidar que la soberanía no reside en ellos sino en el Pueblo. Los políticos son apoderados y bajo ningún concepto pueden atribuirse el poder ni mucho menos aspirar a que una minoría sojuzgue a la mayoría.
Si la lista más votada no alcanza al 50% de los sufragios supone un claro mensaje a las formaciones políticas que al parecer Rajoy pretende obviar, significa que la mayoría no apoya a esa tendencia política, así de simple, y con una ley hecha a la medida o no, pretender lo contrario no deja de ser un intento técnico de golpe de Estado en el que se busca que un grupo político que no goza del apoyo de la mayoría se erija en gubernamental.
Esta pretensión refleja el paralelismo de las elecciones al Estatuto de Autonomía de Galicia, refrendado en total por apenas un 20,7 % de papeletas, norma legal que pese a todo inexplicablemente se aprobó sin la más mínima revisión para someterla nuevamente a votación, considerando el desacuerdo del 79,2 % de los gallegos. O la machada de Touriño que apenas celebrados los comicios que lo dejaban a mitad de camino de la plaza del Obradoiro, tramó con Quintana un pacto postelectoral para sentar las posaderas en el Palacio de Rajoy alegando que “eso era lo que quería el electorado”. Ya se vio lo justificado de su postulado cuando en la siguiente cita electoral PSOE y BNG se presentaron en coalición sin obtener el respaldo suficiente para mantenerse en la presidencia. Pues con esto tal de lo mismo, no hay mucha más duda con relación al proyecto de reforma electoral del PP, la definición de caciquismo de la Real Academia Española de la Lengua es esclarecedora: intromisión abusiva de una persona o autoridad en determinados asuntos, valiéndose de su poder o influencia, particularmente referido a la forma distorsionada de gobierno donde un líder político detenta el dominio total de una sociedad.
