Dentro de la diferenciación clásica de los poderes propuestas lo mismo por Montesquieu que por Locke, en las democracias actuales no siempre resulta fácil separar al poder ejecutivo del legislativos. Tal es así que, en la moderna diversidad de sistemas se enumeran el modelo presidencialista, el parlamentario y, con mayor frecuencia, sus formas híbridas o mixtas. Así resulta que, en teoría, la fina línea que divide a ambos poderes se reduce a que mientras el Presidente goza de la prerrogativa de disolver al Parlamento, éste se reserva el derecho de veto sobre sus decisiones, planteándose un principio de equidad por el que ejercen sobre sí un control recíproco.
Sin embargo esta premisa ideal dista mucho de la realidad desde el momento en el que, como sucede en España con su sistema bilateral, es el Legislativo quien elige al Presidente del Gobierno, de manera que para ejercer su función, el candidato debe disponer de mayoría absoluta para alzarse con la investidura, ya sea por obtener un respaldo mayoritario a su formación política tras unas elecciones, o bien por alcanzar acuerdos postelectorales que garanticen además la gobernabilidad.
Pero para garantizar la salubridad de una democracia existe un tercer poder, el Judicial, quien a través de su actividad ejerce a su vez un papel de control, impidiendo corruptelas o el uso perverso de las instituciones por parte de los otros dos poderes, al establecer la legalidad y constitucionalidad de todas cuantas acciones puedan iniciar el poder Legislativo y el Ejecutivo. Es decir, que para que este tercer poder pueda llevar a cabo su función debería respetarse la más escrupulosa independencia, algo que como nunca está en entredicho después de una serie de intentos fallidos por parte del Gobierno por renovar el Consejo General del Poder Judicial.
La cuestión que aquí se dirime es el conflicto subyacente de si el Poder Judicial goza realmente de autonomía, en tanto el Ejecutivo se empeña, una y otra vez desde hace décadas, de meter sus tentáculos con la mayor de las injerencias, el nombramiento de jueces afines. Esto, junto a la designación del Fiscal General del Estado, supone un verdadero desafío a la neutralidad que debe presidir en toda decisión de la magistratura, al buscar el gobierno de turno posicionar a sus partidarios, lo mismo para impulsar procedimientos interesados como para obstruir investigaciones que le puedan incumbir. Muestra de ello fue el frenazo en seco por parte del Gobierno de investigaciones como las cuentas de Podemos, mientras desde la fiscalía alimentaron otras que pretendían enjuiciar a la oposición mayoritaria para favorecerse con un sistema autoritario, muestra que abunda en que, cuando la Justicia se pronunció desestimando corrupción del PP en la Kitchen, convirtieron al Congreso en un circo intentando trasladar su maniobra de acoso y derribo, sin dar tampoco resultado.
No obstante la prueba palmaria del intento de manipulación del Poder Judicial se pone de manifiesto cuando la coalición gubernamental votó recientemente en contra de la Ley de Reforma del CGPJ, que defendía que, lejos de ser nombrados por acuerdo de los partidos, la cúpula judicial debería ser elegida por los propios jueces con absoluto autogobierno.
Los más simplistas culpan a la oposición y al propio Consejo, recriminando que no hayan dimitido ya, dejándose engañar con infundios interesados. Del mismo modo que si se disolviera el Congreso, el Gobierno no podría dimitir al estar en funciones, esos jueces tampoco pueden hacerlo ya que, estando en funciones, acarrearía un vacío de poder que podría conducir al país al caos. Por si no bastase, los políticos acceden por elección mientras los jueces son funcionarios de carrera que acceden por concurso oposición, por lo que si dimitieran estarían cometiendo una grave falta de abandono de destino. No, antes de exigir la dimisión de ningún juez, los apasionados partidistas y los leguleyos deberían documentarse sin dejarse manipular. La única solución es aprobar la ley que permite a los jueces elegirse a sí mismos -como en su día los abades por parte de los frailes y no por el señor feudal-, siendo en este momento Sánchez el único responsable del bloqueo del CGPJ.
