Desde la lontananza holgada de un descanso “por recomendación de su médico” aunque nadie conozca a quién debe presentar la baja, porque un ministro -mal que le pese-, cobra por serlo 24 horas al día, así esté en la agonía, la ministra de Trabajo se rasga las vestiduras afirmando, a quien quiera escucharla, que está dispuesta dejarse la piel por alargar los ERTE, aunque en condiciones variables según sople el viento, sin mencionar ni con la boca pequeña el meollo de crear empleo en general, y conservarlo en la Administración en particular.
Tal es así que, desde que su predecesor apretara las tuercas a Pedro Sánchez para que la mayor cantidad de ciudadanos se convirtiera en perceptor de migajas del Estado -hasta el extremo de que hay quien cobra por Salario Mínimo Vital la cifra vergonzosa de 150 euros mensuales, de la que sobran comentarios-, la titular del Ministerio de Trabajo y Economía Social afila las garras para alargar hasta septiembre los ERTE, transfiriendo a la empresa ese secular vicio gubernamental de pensar que la actividad privada es un teto que, cuanto más se ordeña, más leche da.
Pero mientras esquilma a los empresarios, la actitud de las Administraciones va en sentido contrario, hasta el extremo de parecer que el empleo público está de rebajas por liquidación. La situación no es nueva. Ya desde Enero, pese al estado de Alerta, con su pertinente repercusión en la actividad industrial y laboral, la cosa pública ha decidido finiquitar a un grueso de trabajadores que parecen no entrar en la quiniela del ERTE sino en el azar del ERE, que no es lo mismo pero es igual.
Esta es la razón por la que los interinos que se consideran en fraude de ley, denuncian un régimen de temporalidad, al margen del derecho europeo, en una situación que bien podría definirse como de abuso. Un atropello del que todos los ciudadanos se convierten en víctima porque, al reducir la plantilla, también se reduce invariablemente la prestación de servicios. Educación, Justicia o Sanidad, son algunos de las prestaciones que se resentirán.
Pero, con la que está cayendo, el despropósito no afecta sólo al Gobierno de España. Desde la Xunta de Galicia la cosa está por latitudes análogas. Así, las trabajadoras del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, cuya labor abarca lo mismo a residencias de mayores que a escuelas infantiles, denuncian también un fraude de ley, desde el momento en que la Administración autonómica ha convocado en la oferta de empleo público, las plazas que actualmente están ocupando. Junto a este grupo se hallan en una situación parecida en el ámbito de la comunicación, constituyente del cuarto poder en una democracia, es decir, los medios que surten de información a la opinión pública.
Y esos medios son en este momento, concretamente la Corporación de Radio Televisión de Galicia, que, del mismo modo, anuncia una convocatoria para cubrir plazas actualmente ocupadas por trabajadores, cuyo vínculo laboral con el ente se prolonga con distintos empleados desde hace diez, quince, e incluso algunos, desde hace dos décadas. Mientras la dirección de la RTvG mantiene un pulso con trabajadores y sindicatos, -también en situación de fraude de ley y mediando una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea-, con propuestas erráticas que buscan despedir a la mayor cantidad de afectados, con la única intención de volver a contratar luego a otros a los que pagarán la mitad de emolumentos.
Esta es la realidad laboral a la que se están enfrentando distintos trabajadores de la Administración. La cuestión está en si la ministra Yolanda Díaz, no los considera dignos de protección social y laboral, a diferencia del resto de trabajadores para los que, como mínimo,reclama un ERTE, porque ahora, más que nunca, la pelota está en el tejado de las Administraciones.
