Al circo de Mariano no para de crecerle los enanos. Sin enfriar siquiera el último escándalo de Soria, ya lo han vuelto a pillar con el carrito de los helados.
Siguiendo idéntica estrategia del anterior titular de la cartera de Industria que, para justificarse sobre los papeles de Panamá relató todas las versiones posibles hasta darse de bruces con la más patética dimisión, apenas le estalló en la cara la designación del ex ministro para un puesto de alto cargo en el Banco Mundial, Rajoy optó por alabar a su paladín, argumentando que Soria accedía a la candidatura después de resultar vencedor en un concurso de méritos para funcionarios del cuerpo de técnicos de comercio, enumerando toda la serie de requisitos que debería cumplir el candidato que deseare concurrir al nombramiento, así como la provisión de la plaza mediante concurso público.
Apenas le salía a chorro por la boca a Mariano semejante exabrupto, hete aquí que un representante del sindicato de técnicos de Hacienda salió a la palestra afirmando que para ocupar dicho puesto ni siquiera se requería ser funcionario y que la convocatoria no se difundió, circulando por un ámbito restringido que desembocó en la libre designación —léase nombramiento a dedo—, del ex ministro.
Empeñado el jefe del Ejecutivo en funciones en nadar a dos aguas, sin darle tiempo aún a reflexionar en que se coge antes a un mentiroso que a un cojo, esta vez le explota en las narices la apertura de cusa por el Supremo contra Rita Barberá por blanqueo de capitales, presumiblemente para financiar ilegalmente, como mínimo, al PP valenciano.
Todo un tira y afloja fue necesario para que el pontevedrés compareciera ante los medios para dar cuenta de su nueva novela por entregas: “Barberá ha dimitido del PP y por lo tanto el presiente del partido no puede hacer nada” invocó un Mariano compungido ante el clamor popular para que la ex alcaldesa valencia se descuelgue de su escaño en el Senado. Barberá no accedió al puesto por sufragio, es decir, no es una senadora electa sino por designación, y mientras los primeros sólo abandonan la Cámara por extinguirse la legislatura o por dimisión, los nombrados a dedo pueden ser cesados, en este caso por la Generalitat valenciana que la nombró. Lo que Mariano calla es el Presidente del Gobierno —o el del PP—, puede solicitar al Gobierno autónomo que retire el aforamiento a Barberá.
¡Pero he ahí el dilema! Cuando un ciudadano es citado a declarar se enfrenta a un interrogatorio que puede dilatarse durante horas, cara a cara con el instructor, durante el que su testimonio se va haciendo trizas de ser falso. Sin embargo un aforado no comparece en audiencia alguna, recibiendo una lista de preguntas en su domicilio que puede contestar por escrito y que, en términos prácticos, igual las responde el interesado que un bufete privado de abogados, la asesoría jurídica de un partido o la abogacía del Estado, ya que paradójicamente debe defenderlo al ser un cargo de la Administración. La diferencia de procedimiento entre un ciudadano y un aforado permite a este mesurar hasta la última palabra, exhortando el riesgo de cogerlo en un renuncio por más culpable que sea.
A pesar de ello y echando mano de todos los recursos del Estado, Mariano sigue defendiendo causas perdidas. Desde Bárcenas hasta Barberá, pasando por el zoo de bichos que ha mellado desde tiempo atrás al PP, Rajoy induce a pensar que, lejos de la tan cacareada transparencia, hay mucha más cera que la que arde, empeñado en soterrar cualquier voz que vincule a los populares con el término dinero, obviando que en los partidos y sindicatos trabajan personas intachables que merecen un respaldo a su entereza, en tanto la ciudadanía es acreedora de la más impecable gestión de la cosa pública. Aceptando que un buen dirigente sabe delegar pese que pueda salirle algún colaborador rana, con su empecinamiento cerril en proteger a encausados por corrupción Rajoy siembra la desconfianza, olvidando que la duda es el primer peldaño hacia el infierno.
