El juez Vázquez Taín ha desafiado la tontería de Zapatero al echar por tierra con su sentencia, una más de las ridículas normas aprobadas por tan nefasto presidente, la ley del cachete, que deja por lo general impotentes a los padres ante conductas de lo más reprochables. El titular del juzgado número 2 de A Coruña, en un fallo que ocupa seis folios, razonó la diferencia entre una agresión en el ámbito doméstico y una medida coercitiva hacia un mocoso desmadrado que pedía a gritos que lo pusieran en su lugar, evitando así una espiral de tontería en su entorno.
El asunto empezó con un merecido soplamocos que una madre le arreó a su caprichoso vástago por una conducta más que reprobable, ante el que el querubín logró que la fiscalía solicitara 35 días de trabajos sociales para la madre además de orden de alejamiento. El coste emocional humano de la madre, que bastante tiene ya con lidiar con los desplantes de su retoño, además del estrés de verse envuelta en un proceso judicial sumado a la impotencia de carecer de medios para abordar la educación de su hijo, es fruto del iluminado ZP, quien limitándose a legislar como delito de violencia doméstica un simple bofetón, dejó desarmados a los padres y sin opciones para poner en vereda a sus retoños.
Por fortuna el magistrado tuvo más vista y, tirando de Ley de Enjuiciamiento Civil del Código Penal, sacó en limpio una sentencia impecable que, como él mismo aclara, diferencia las lesiones graves o reiteradas de un atávico instrumento corrector.
El culo no tiene nariz y una buena azotaina a tiempo puede evitarle muchos males a los hijos, al menos eso es lo que se deduce del resultado educativo de padres y abuelos que, recibiendo en su infancia y adolescencia alguna que otra colleja —y más de algún mojicón prestando servicio de armas—, aprendieron a vivir en sociedad sin que ello haya supuesto trauma alguno.
Desde la otra punta del país, el PSOE se alió al PP en una votación contra IU en el Ayuntamiento de Almadén, Ciudad Real, para rechazar la moción que solicitaba, en base a la Ley de Memoria Histórica, retirar la medalla de oro otorgada en 1953 a Franco y la calle a dedicada a Jacobo Roldán, gobernador civil en los años 40 del pasado siglo.
El argumentario del socialista Siro Ramiro, primer edil almadeño, reconociendo la trascendencia de justicia y conciencia considerando la ley invocada, reflexionó que a diferencia de otros lugares de la geografía española donde sí hubo episodios sangrientos, en su localidad no se dieron, evocando el pacto para facilitar la convivencia con independencia de la ideología que cada cual tuviera, argumentado para rechazar la propuesta que en Almadén existe medio millar de problemas de mayor urgencia que sí interesan y afectan directamente al pueblo, zanjando de ese modo la petición comunista que prioriza la memoria histórica frente a las exigencias vecinales.
Y para rematar, Carmena finalmente ha entrado en razón al privatizar los servicios de Educación Social y Mediación Intercultural de Apoyo a la Salud Comunitaria y el de Prevención y Promoción de la Salud, por un total de 6 millones de euros, pese a renegar desde su toma de posesión en contra de la externalización de los servicios urbanos. La edil ha aceptado la imposibilidad del ayuntamiento para hacerse cargo de todos los servicios municipales admitiendo que, al igual que sus predecesores, no hay otra manera de gestionarlos que privatizándolos.
Parece que en la medida que el país se enrumba las aguas van remansando, permitiendo recuperar el sentido común que dicta las necesidades de la mayoría, evidenciando que gritar y machacar siempre con lo mismo no otorga la razón porque hasta el más necio sabe que una cosa es predicar y otra repartir trigo.
