Las tarjetas Black han hecho correr ríos de tinta, avivadas por un juicio que no va más allá de una pantomima, para que los políticos entonen un mea culpa por las tropelías cometidas en este país por la banca. Pero lejos de un análisis transparente, como en muchos otros casos, el árbol deje ver el bosque. Para comprender lo sucedido es necesario analizar en profundidad los antecedentes y leer entre líneas. La primera conclusión es que los directivos de las cajas de ahorro eran en su mayoría designados a dedo por partidos políticos y sindicatos —que maniobraban con libertad dentro de las cajas—, añadiendo que el puesto de concejal o el de diputado provincial en muchas ocasiones llevaba aparejado sillón y sueldo en más de un consejo de dirección o de administración bancaria.
Una de las consecuencias fue el acceso a créditos blandos, para financiar por ejemplo campañas electorales, que con posterioridad eran condonados. De ahí el interés de muchos políticos para que, en el caso de Galicia, tras la fusión ordenada por el Banco de España pugnaran para que continuase existiendo una caja gallega, obviando que nunca dejó de existir, como es el caso de la Caixa Rural, que jamás fue intervenida, nunca tuvo el menor problema de liquidez ni hubo que rescatarla, no se vio obligada a fusionarse ni envuelta en ningún escándalo financiero y, además, siendo una caja netamente gallega, continúa funcionando sin incidencias. Claro, la razón está en que en su directiva jamás sentaron a ningún político.
Por otro lado hay que comprender que la banca se regula por los llamados Acuerdos de Basilea, suscritos en primera instancia en 1988 y ampliados hasta el 2010, que establecen los principios básicos de la actividad bancaria, el capital regulatorio, la capacidad de absorción de pérdidas y de protección ante quiebra, mediante unas normas que, utilizando ingeniería contable, las direcciones de las Cajas españolas se dedicaron a pasarse por el forro empujando al país a la quiebra. Así, actuando a sabiendas del peligro y las consecuencias, expoliaron, arrasaron y malversaron, en una orgía de hipotecas insolubles, sobrevalores y preferentes, maquillando la tesorería para ocultar que no eran más que castillos de naipes, como por desgracia luego se pudo comprobar al tener que rescatarlas.
Y ése es precisamente el sustrato de lo acontecido. Cualquiera que sume dos y dos se dará cuenta de la porquería que hay por debajo. Lejos de juzgar a los banqueros por arruinar el país utilizando métodos inmorales e ilegales, se ha cubierto todo con una capa de silencio, contentando al respetable con un baño de sangre que no llega a ningún lado. Sí, se enjuiciaron a unos pocos banqueros por subirse su pensión de jubilación —cerciorándose, por cierto, que ninguno de ellos acabase en la trena—, y ahora que se sabe que el Estado sólo ha recuperado el 5% del rescate bancario y que da por perdidos 40.000 millones sin consecuencias para los responsables, se pretende contentar a los contribuyentes con un nuevo lavado de cara, sentando en el banquillo a otros pocos banqueros por las tarjetas Black, que no es más que una minucia comparado con la ruina que han causado en tatos hogares, además del desproporcionado daño provocado a la nación.
Pero claro, más que a personas habría que juzgar la estructura política nacional y las formas de actuación. El peligro de no cambiar los métodos y medios para organizar el país sin procesar al resto de responsables de la bancarrota supone que haya entidades financieras que, con la lección aprendida de que nadie va a la cárcel por fraude bancario y que, en caso de necesitar un nuevo rescate el Estado hipotecará otra vez a los ciudadanos, con pleno conocimiento de causa ya están poniendo en el mercado productos financieros todavía más nefastos que las preferentes, llevando a cabo prácticas aun peores y sin medir el riesgo, todo con tal de obtener beneficios sin importarles que los españoles salgan otra vez perjudicados. Por eso más que nunca los ciudadanos deben mantenerse despiertos, porque la ignorancia de las masas es la principal fuerza de los gobernantes.
