Nadie sabe si por la proximidad de las elecciones, o simplemente por la acción de la máquina de la Administración, le toca el turno ahora a la investigación sobre un fraude que ocupa una comisión ilegal del 3% en la concesión de obras, que presuntamente habría llevado a cabo el partido de Artur Mas en todos aquellos ayuntamientos donde tiene representación, presumiblemente para financiar a su formación política.
Llegados a este punto álgido habría que preguntarse por qué todos estos escándalos se tildan de políticos en lugar de económicos, dado que el trasfondo es siempre una cuestión monetaria.
Desde luego, no parece haber nadie que haya hecho las cuentas. Si se suma todo el dinero despistado en las sucesivas operaciones contra la corrupción, desde el tristemente célebre caso Malaya hasta el actual que nos ocupa del CDC, habría que preguntarse por qué se penaliza al parroquiano con una carga impositiva semejante, para que al final esos recursos no se traduzcan en ningún tipo de beneficio para la ciudadanía.
La mayor parte de los juicios seguidos por este tipo de delitos se demoran excesivamente en su instrucción y vista. Al menos lo bastante, no sólo como para que una buena cantidad queden impunes, sino para que aún por encima cuesten un riñón al ciudadano por el coste de la acción de la maquinaria judicial y los gastos derivados de la investigación. Y todo ello para que a la postre, el montante defraudado quede en manos de sus usurpadores, dado que el veredicto final acaba siendo el sobreseimiento por defecto de forma, por prescripción del delito, o simplemente porque tardan tanto que en medio los testigos van muriendo o perdiendo la memoria.
Huelga sostener que la corrupción no es el estado natural del ser humano, ni tampoco lo es el de los políticos. No obstante, cabe adherirse a las palabras que Oriol Junqueras comenta al respecto: “Está claro que hay corruptores, corruptos que se corrompen y quien sólo está interesado en la lucha contra la corrupción en determinados momentos y nosotros no somos ni corruptores, ni corruptos, ni personas interesadas sólo en luchar contra la corrupción en algunos momentos”
Descontextualizándolo cabría añadir que, ante ese riesgo potencial de aquellas personas que se acercan a la política y al poder para enriquecerse, ¿no van siendo horas de tomar medidas de control y prevención? ¿No puede articular la cosa pública mecanismos que eviten este daño continuo al ciudadano? ¿No sería razonable que aquellos candidatos que logren ocupar un cargo público, coticen a sus expensas un seguro de responsabilidad civil, con una cobertura acorde a su responsabilidad y acción, que resarza a los ciudadanos de tanto bochornoso expolio?
¿Pero sobre todo, no van siendo horas de exigir en el ejercicio de sus funciones al libre designado igual responsabilidad civil y criminal que a cualquier otro ciudadano? Quizá ante esta simple premisa, más de uno empiece a entonar la jaculatoria del “y no nos dejes caer en la tentación...”
