Siguiendo con la anterior propuesta, y una vez fijada la fecha para los próximos comicios en diciembre, ya va siendo hora de votar alejado de la rutina, rigiéndose por el sentido común. Para ello nada como conocer, no lo que los partidos cuentan en sus discursos, sino aquello que antes y durante las legislaturas callan.
A muchos puede llamarles la atención la propuesta de la alcaldesa madrileña en lo relativo a la recogida de basuras. Antes de exigir un mejor servicio a la empresa concesionaria, a la que los madrileños pagan para gestionar sus residuos, Manuela Carmena ha tenido la gracia de proponer que los estudiantes universitarios se conviertan en barrenderos voluntarios. Atención, que no exige a la empresa encargada de la explotación que gestione sus recursos de manera más eficiente o que contrate a más trabajadores, creando nuevos puestos de trabajo. Lejos de ello calcula que, si un recién titulado tiene que emigrar porque en España apenas puede aspirar a un puesto de becario pagado con 150euros/mes, por qué no va ella a rizar el rizo aprovechando a los estudiantes universitarios para que limpien el ayuntamiento gratis. ¿Y entonces, a dónde va el dinero del presupuesto municipal? ¡Ah, los impuestos... esos grandes desconocidos!
Sin contar con la última sonda del Gobierno Central que pretende imponer un canon para que los ciudadanos tomen conciencia de lo que cuesta la recogida -como si no pagaran el recibo de la basura-, algo por el estilo sucede en la provincia de Ourense. Valga como ejemplo que en el Boletín Oficial de la provincia de Ourense número 103 del 7 de mayo del 2014, refleja que el encargado de recaudar las tasas por recogida de basuras en el ejercicio 2014 en la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Ourense fue una empresa ourensana, cuyo nombre para el caso que ocupa es intrascendente. En la normativa publicada se recoge la siguiente advertencia: “La no recepción del documento de pago no exime de la obligación de su abono en el período voluntario fijado, siendo obligación del contribuyente solicitarlo en caso de no recibirlo”. Es decir, que el parroquiano tiene que ir a por el recibo de la basura y luego domiciliarlo en su banco o ir a pagarlo, realizando él prácticamente todo el procedimiento, sin que ninguna institución pública aclare por qué hay que pagar a una empresa privada, por un servicio para el que la Administración dispone de medios humanos y técnicos, resultando un sobrecoste para el bolsillo del electorado.
Esta es la manera como se han ido resolviendo cantidades de procedimientos cuya realización debería incumbir a la gestión pública, pero que acaba en manos particulares. Esta modalidad de gerencia se denomina privatización, a la que le salen pretendientes por todos lados.
Está claro que estas cuestiones nunca se ponen sobre la mesa durante las campañas electorales. Ningún candidato, sea del trinque o curtido en política activa desde hace tiempo, informa de muchas de estas situaciones cuando solicita el voto. Sin embargo estas prácticas son los argumentos a tener en cuenta a la hora de reflexionar qué papeleta meterá cada uno en la urna. Cada votante puede dejarse despellejar estúpidamente guiándose por simpatías, claro, o lejos de la cortina de humo de las ofertas nunca cumplidas y la fiebre de los mítines, empezar a documentarse de cómo cada político administra unos recursos, que a la postre son los que paga el ciudadano.
