Las leyes constituyen un acuerdo para defender los derechos individuales y colectivos, facilitando la convivencia y la evolución social, formando el conjunto o cuerpo de normas por las que se gobierna un Estado, o una materia determinada. En el actual régimen que impera en España -el Constitucional-, la ley es la disposición votada por las Cortes y sancionada por el jefe del Estado, siendo por definición el precepto dictado por la autoridad competente, en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados.
De ello se deriva que el derecho es el conjunto de principios y normas, expresivos de una idea de justicia y de orden, que regulan las relaciones humanas en toda sociedad y cuya observancia puede ser impuesta de manera coactiva. Las leyes y el derecho, por tanto, recogen las facultades y obligaciones que derivan del estado de una persona o de sus relaciones con respecto a otras.
Dentro de estas apreciaciones se encuadra la Justicia, como principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. Seguramente el mayor escollo para el entendimiento de la moral es su propia esencia, ya que conforma la doctrina del obrar humano que pretende regular el comportamiento individual y colectivo en relación con el bien y el mal, así como los deberes que implican. Por extensión, la moral es el conjunto de facultades del espíritu, en contraposición a las facultades físicas, por lo que se traduce en el código de disposiciones que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida. La moral está sujeta a cada sociedad y su tiempo, siendo elástica, de modo que si usar un tanga para bañarse en la piscina es a día de hoy intrascendente, hace 60 años representaba un ataque frontal a los valores de la sociedad. Tema aparte es la ética como conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida, que trata del bien y del fundamento de sus valores.
Se infiere de todo esto que la moral puede ser discutible por oportunista, lo mismo que las leyes mudan y las sociedades evolucionan, pero nadie necesita que le digan lo que está bien o mal. La ética se halla en la conciencia como un firme guardián que recuerda el compromiso que cada ser humano tiene para con los demás y, por extensión, con sigo mismo.
Hace hoy un año y medio que la magistrada del Juzgado Penal dictó sentencia por el llamado caso de las asistencias técnicas del Concello de Ourense, saldándose con la condena al exalcalde socialista Francisco Rodríguez, a los exediles Aurea Soto y Fernando Varela, del PSOE y BNG, respectivamente; y al entonces director general de Rehabilitación Urbana, José Carballido, imponiéndoles sendas penas de siete años de inhabilitación para empleo o cargo público.
Pero el tiempo pasa y vuelve el Tiempo, y he aquí que la Audiencia Provincial los absuelve ahora en una sentencia contra la que no cabe recurso alguno, lo que viene a ser el resultado definitivo que proclama su exculpación. Todos y cada uno de ellos han sufrido, además de ser apartados de sus puestos, el vilipendio público, la crítica y el desprecio, por puro egocentrismo de quien, sin remordimiento, se apuntó al carro de judicializar la política.
El veredicto pone de manifiesto la existencia, en la cosa pública, de malaje e ignorantes dispuestos a lo que sea por un miserable puñado de votos o para derribar al prójimo. Eso no quiere decir que la política sea sucia, sino que hay gentuza dispuesta a pervertirla como sea, incluso esforzándose en desacreditar a los demás, calificándolos despectivamente de “político” como si ellos -cortados con un patrón de baja estofa-, no llevasen años chupando de la canoa, firmemente agarrados al escaño, cuyos labios jamás entonarán ni el primer mea culpa.
Con el daño hecho y su carrera política acabada, tras esta sentencia, quién va a restituir su honorabilidad. Porque, como dijo Séneca, nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía.
