Una vez más, la fiesta por excelencia de la democracia llama a la puerta para recordar a todos los ciudadanos su estatus político, jurídico y social. Una norma suprema que facilita la convivencia pacífica y en progreso, dentro de un marco jurídico que dota de significado y herramientas para la vida social del país.
La Constitución española contempla hoy cuarenta y tres años del devenir de España, esa Nación de naciones que postulaban Manuel Fraga y Herrero de Miñón -a la zaga del Estado Plurinacional de Bolivia de Evo Morales-, como modelo inédito que debe discurrir a lo largo del futuro para mejor adaptarlo al bienestar de los pueblos que conformar el rico legado cultural que compone el diverso mosaico de la geografía patria, donde hay cabida para todos y para todo, y en el que tierras y gentes disfrutan de la igualdad que permite la coexistencia desde la tolerancia y el entendimiento. Una equidad se basa en la solidaridad y el Estado de Bienestar como fundamento ineluctable cuando se busca el bien común, lejos de la ventaja de unos pocos.
Modelo a copiar por otros países, la Constitución española es de las más garantistas, sin necesidad de cambio alguno, pese a que un puñado de interesados aboguen por esa muda, argumentando falacias y falsedades.
La primera gran mentira para intentar derribarla es que la redactó la dictadura franquista, cuando es evidencia histórica indiscutible que fue redactada después de la muerte del dictador. Elaborada por los Padres de la Constitución, elegidos entre los partidos políticos con representación en las Cortes, votados en elecciones legales y libres, la Constitución es el espejo de los anhelos de todo un pueblo que, con independencia de sus ideologías y simpatías a las distintas formaciones políticas, la eligieron por mayoría absoluta, libre y legal, pese a quien pese.
El segundo embuste está relacionado con el sistema de Estado, la Monarquía parlamentaria, que se sometió a sufragio hasta en dos ocasiones. La primera durante la dictadura, cuando se sometió a plebiscito la transición del modelo de república a un Estado Social, Monárquico y Representativo, cuya validez si puede ser cuestionada al haberse dado dentro de un contexto de estado autoritario.
Pero el referéndum en el que se aprobó la Constitución por mayoría podría haber sido rechazado por la mayoría, lo que no sucedió, validando la mayoría de los españoles a la monarquía como fórmula de Estado y a Juan Carlos I como su Jefe. El debate no está en cuál de los dos modelos es preferible, monarquía o república, sino en sostener el sistema con el apoyo de la mayoría, a través de unos comicios libres y legalmente constituidos.
Por supuesto hay quien no quiere pararse en barras y aduce que la Carta Magna adolece de una reforma en cuestiones tan triviales como la definición. Que si habría que cambiar términos como impedidos o incapacidad por discapacitados y disfunción, cuando lo que realmente es necesario es que el Gobierno Central utilice los medios que tiene a su disposición para que nadie quede excluido del bienestar, el progreso y el derecho.
Pero lo que en realidad buscan los constituyentes con estas maniobras no es otra cosa que abrir una brecha legal que les permita meter mano a la Constitución, derogando y transformando a su antojo, al margen de la legalidad y voluntad popular.
Porque la Constitución Española no necesita mover ni una sola coma. Son los legisladores quienes, desde el compromiso con el Pueblo y las instituciones, deben esforzarse en desarrollar leyes que permitan su aplicación global y universal, velando para que el sistema sea cada vez más justo, solidario, transparente y eficiente, y los ciudadanos sean cada vez más libres.
