Los partidos con presencia tradicional en el Hemiciclo claman al Cielo pidiendo a gritos una segunda Transición. Cabe preguntar a santo de qué. Por definición una transición consiste en la acción y efecto de pasar de un modo de ser a estar en otro distinto. ¿Acaso alguien ha planteado mudar la actual fórmula del Estado español, de monarquía parlamentaria en la que el rey reina pero no gobierna, a una en la que sí lo haga? ¿O tal vez la propuesta radica en transitar a una república? Porque de lo contrario resulta harto difícil comprender el motivo de tal metamorfosis estatal.
Relegado el pacto parlamentario entre las formaciones representadas, movidas exclusivamente por el interés espurio de capitanear el gobierno por encima de los designios de la ciudadanía —el 85% de los electores jamás avalaron el gobierno de una bisagra—, sobra cualquier tipo de transición. Lo que el país necesita es que partidos, sindicatos, entidades sin ánimo de lucro, ONG's y fundaciones, se hallen sujetas a auditorías fiscales anuales, clarificando de manera diáfana la procedencia del último céntimo de su financiación, profundizando además en cualqueir indicio de dinero B. Quién dona, cuánto y a cambio de qué. España anda muy necesitada de inspecciones fiscales que revisen con lupa el dinero manejado por todas las instituciones públicas sin excepción, incluyendo hasta a las más altas instancias del Estado.
La nación necesita una revisión concienzuda de entidades financieras sufragadas con el rescate, no sólo para recuperer hasta el último euro de todos los españoles, sino para dirimir quienes son los causantes de la podredumbre que azota a la vida política. La ciudadanía está muy urgida de que se investigue hasta al último mono de turno para esclarecer las responsabilidades civiles y penales de la orgía de latrocinio que durante décadas se ha enquistado en la cosa pública. El electorado requiere una legislación traslúcida que impida, por ejemplo, que un alcalde u otro libre designado utilice los presupuestos para costear una asesoría externa que le permita saltarse a la torera el dictamen del interventor, luego de señalarle la ilegalidad de cualquier acción que pretenda emprender. Los españoles necesitan una Ley de Transparencia más allá del lavado de cara y la declaración de buenas intenciones, que imposibilite el aprovehamiento perverso de los recursos públicos, así como un análisis pormenorizado a la hora de valorar todas y cada una de las concesiones cuyo coste siempre termina disparándose a expensas del parroquiano.
Esto es cuanto exige la actual situación: un país donde la legislación, lejos de constreñir al ciudadano, se desarrolle para garantizar su libertad, disfrute además de beneficio, sujetando a los políticos al imperio de la más escrupulosa ética y moralidad, y si en medio del saneamiento hay que cerrrar partidos y llenar las cárceles de corruptos, pues mejor para todos. Ésta es la única Transición que necesita España, convocar nuevas elecciones y hacer una limpieza muy a fondo, porque como bien apuntó el gran filósofo de la Administración del s. XX Peter Drucker, la mejor estructura no garantiza los resultados ni el rendimiento, pero la estructura equivocada es una garantía de fracaso. A fin de cuentas, a los elefantes les cuesta mucho adaptarse, mientras las cucharachas sobreviven a todo.
