Opinión

Verdad oculta

Debería reconsiderar el refranero a quien le hayan dicho que el último en reírse ríe mejor, porque por lo general sucede que, en realidad, acaba siendo el último en enterarse. Y para muestra los ríos de tinta que han corrido por las redes sociales en forma de chirigotas, ocurrencias y chascarrillos, a cuenta de la subida de la electricidad. Porque si bien es cierto que los horarios de tarificación dan para oscilar entre la bipolaridad y el infarto, aún hay muchos que les saca el sueño adaptarse a los nuevos hábitos noctámbulos para conectar la lavadora, el lavavajillas, la plancha , la secadora o hasta la calefacción eléctrica, que ya no distinguen si viven de día, de noche, o si sencillamente viven. Y es que el tándem eléctricas-Gobierno no ha dejado nada al azar, dejando al respetable temblando bajo la amenaza de sablazo en el recibo.

A muchos les roe, por encima del sablazo que le van a meter, el incumplimiento flagrante de la protección social tan cacareada para llegar a Moncloa, para que al final todo compromiso se quede en agua de borrajas. A fin de cuentas, junto a otras omisiones y engaños, pese a haber recibido puntualmente el voto que llevó al PSOE-Podemos a la bancada azul, un incremento de entre el 10 y el 15% por accionar el interruptor, no sólo impone sino que en muchos hogares detracta de otras necesidades, en tanto que, imbuidos en una sociedad industrial como la occidental alumbrarse con una candela o con una lámpara de tungsteno para leer o estudiar, no sólo es inviable sino que, en un país con economías de distintas velocidades, deja a muchas familias en riesgo de exclusión.

Pero que nadie se engañe, porque el Ejecutivo ha dejado a muchos más de los que se creen en la estacada. Porque media España vive la resaca jocosa ante la impotencia del recibo de la luz, la otra mitad ya está lamentándose, sin haber caído aún en la cuenta que de verdad se avecina.

Así, los autónomos, comerciantes, micro y medianos empresarios han puesto ya el grito en el cielo, y no sin razón, porque una zapatería no puede apagar los focos durante el día, la mercería no puede prescindir de iluminación durante el horario de atención al público; la cafetería no puede esperar a la noche para poner el lavavajillas, mientras la heladería, directamente, no puede apagar la nevera a ninguna hora, lo que a la vista está que supondrá un incremento en los costes generales del comercio y buena parte de la producción.

De esta realidad se infiere que, antes que después, ese incremento se reflejará en el coste final de bienes y servicios, a cuyo precio se sumará una cantidad mayor en concepto tributario. Es decir, que subir el precio de la electricidad partiendo de una tarifa con la que el Ejecutivo se cansa de pregonar que abaratará el suministro doméstico, no es una simple falacia sino una trola en toda regla. Una más, dicho sea de paso, de las que ya nos tiene acostumbrado el inquilino de Moncloa, que por ende de errático, siente una cosa, piensa otra, dice una diferente, y hace una distinta.

Para el caso que nos ocupa, sin tener en cuenta de que en España, entre la gran gama de impuestos de todo tipo, entre municipales, autonómicos, generales, especiales y esos otros que pasan desapercibidos, como el precio del DNI que, como muchas otras cosas, es obligatorio, va a llegar un momento en el que la presión fiscal se haga insostenible.

Porque mientras el Gobierno siempre invoca la congria de que en otros países europeos se pagan más gravámenes, por lo general acostumbra a omitir que en esos estados, además de una economía más fuere y sostenible, disfrutando de salarios exponencialmente más altos, sus ciudadanos disfrutan de coberturas y garantías sociales que comparadas con España, rozan la luna. Quizá el Ejecutivo debería reconsidera en dónde despilfarra el dinero. Basta leer el Boletín Oficial del Estado para que al ciudadano se le caiga el alma a los pies comprobando en qué se gastan los recursos públicos, y recordar de paso que, pese a que Jean Jacques Rousseau ya cría malvas desde hace más de dos siglos, el Contrato Social debería seguir en vigor.

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