Cabe la posibilidad de que 'escrache' llegue a ser una de esas palabras que pueblan el diccionario de la RAE y de las que todos echamos mano en un momento u otro. Pero, con independencia de lo que tarden los académicos en dar por bueno este término procedente del lunfardo, los medios ya lo han acogido porque así lo exige la actualidad más candente. Y es que, de un tiempo a esta parte, las manifestaciones que designa esta palabreja exótica proliferan por toda la geografía nacional, auspiciadas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.
La idea, ya lo saben ustedes, es apostarse a la puerta de la vivienda de algunos cargos públicos del PP por eso de que es su mayoría la que sostiene al Gobierno de la Nación. Hasta ahí, y aun siendo una medida discutible, podríamos pensar que estamos ante una práctica legítima, amparada por el derecho de reunión y manifestación que consagra nuestra Carta Magna. Pero la cuestión es que los escraches no se quedan en eso y suelen ir más allá, hasta el punto de constituir una forma de acoso: acoso a los parlamentarios que nos representan y, por extensión, acoso a sus familiares y allegados.
Habrá quien sostenga, como argumento exculpatorio, que la situación de muchos deudores hipotecarios es dramática, cuando no trágica. Es cierto. Y habrá quien añada que los ciudadanos tienen derecho a hacerse oír. Nada que objetar. Pero también es cierto que ese derecho no puede ser un mero pretexto para conculcar las libertades ajenas, ni para coartar el voto de los representantes salidos de las urnas. Ahí es donde termina el derecho y comienzan la barbarie.
En Ourense hemos asistido recientemente a un escrache frente al domicilio de Celso Delgado que, como era de esperar, hizo gala de su carácter y de su bonhomía al acercarse a departir con quienes participaban en ese acto. Lejos de amedrentarse, el diputado popular los escuchó y, con toda probabilidad, comprendió algunas de sus reivindicaciones. Aunque me atrevo a aventurar que discrepó en cuanto a la forma de hacérselas llegar. Y ello porque él no tiene por qué ser el blanco de la indignación de ningún ciudadano, ni el rehén de ningún grupo de presión. Él es simplemente un representante de la ciudadanía porque ha habido quien le ha dado el voto, que sigue siendo, en democracia, la única forma admisible de cambiar las cosas. Así de fácil. Así de claro.
