Que cada vez llueve menos y que nuestras necesidades de agua crecen día a día son dos hechos incuestionables y enfrentados entre sí. Ambas son dos realidades ante las que poco se puede hacer, una porque la climatología no está a nuestro alcance y la otra porque es un rasgo inherente al desarrollo social y demográfico.
Dicho esto, nos encontramos ante el asunto del agua y aspectos tales como su distribución, su consumo o su adecuado aprovechamiento como un tema de candente actualidad y que en muchos foros está siendo tratado muy alegremente. El ejemplo de Cataluña es el más reciente, pero desafortunadamente no será el último.
El principal problema del agua radica en su escasez y, por ello, responde a la definición del campo de actuación de la economía centrada en los recursos escasos. Por tanto, se trata de un problema económico aunque, en muchas ocasiones, se confunde (a propósito o no) con una cuestión de carácter político. Es en este momento, cuando la política y sus agentes decisores entran en juego, cuando la problemática adquiere otra dimensión y se suman otros criterios que no responden a condicionantes técnicos.
Además, la tradición de las decisiones políticas a la que estamos acostumbrados, junto con su falta de rigor, se caracteriza por su inconsistencia temporal, lo cual agrava el problema. Si a ello se le une que la coordinación entre administraciones implicadas es cada día más compleja, el panorama es desalentador.
La política del agua en España no es propia de un país desarrollado y aquí se debe incluir a Galicia, donde no se ven acciones adecuadas en este sentido. Se hace pues necesario que los responsables entiendan que sus opiniones, si bien respetables, no pueden estar por encima de criterios técnicos.
Así, para empezar, resulta imprescindible saber cuánto cuesta realmente el agua, porque este precio debe conformar el pilar fundamental de toda política posterior.
