Tocan tiempos de negociación de la financiación autonómica y lo primero que viene a la mente es la idea de qué peligroso resulta cuando en cuestiones políticas se utilizan criterios económicos. Así pues, resulta que tenemos a las distintas autonomías y al Gobierno central estableciendo la base de sus recursos económicos y financieros a medio plazo. Dicho lo cual, como es fácil intuir, el asunto no es tema menor.
Sobre este particular, llama la atención que el Gobierno no haya hecho públicas sus ideas de partida o principios, sobre todo pensando en que no va a poder contentar a todos. Pero en fin, así es la diplomacia y lo que en el argot se suele llamar mano izquierda. No obstante, conviene recordar que en esto de los dineros, las cuentas tienen que salir y, por tanto, al final uno más uno siempre suman dos.
De todos modos, lo que resulta más llamativo es el planteamiento expuesto por las Comunidades Autónomas. De sus responsables sólo se escuchan quejas y lamentos sobre su situación. Y no digo yo que no tengan razón, pero en ese caso su actuación reciente en materia fiscal y financiera no ha sido acorde con lo que ahora expresan. Es decir, si tan mal iban sus economías, sus políticas económicas tendrían que haber ido encaminadas al aumento de sus ingresos y reducción de sus gastos en las materias en que tienen competencia (que cada vez son más).
Nada más lejos de la realidad, en los últimos tiempos hemos asistido por parte de las Comunidades a una guerra de rebajas de sus impuestos que conducían a una inevitable reducción en sus ingresos y, por otra parte, a un considerable incremento del gasto público autonómico. Ante esto, ¿es de recibo que ahora acudan al Estado a que les resuelva problemas propios...? En la pregunta va implícita la respuesta.
