Elecciones municipales y autonómicas en mayo, y generales en fecha sin determinar, en principio antes de que finalice noviembre si se mantiene lo que indica la ley. El 2023 va a ser un año electoral, y si se confirman lo que hoy indican los sondeos, podría ser un año de cambio.
Cambio en el gobierno y por tanto cambio también en la sociedad. En el PP, Feijóo -si efectivamente se convierte en el próximo inquilino de la Moncloa- ha anunciado la derogación de algunas de las leyes más polémicas del gobierno PSOE-Podemos y sus socios externos, así como promover nuevas iniciativas, sobre todo en el ámbito de la economía y de la educación.
Las elecciones del 28 de mayo, es criterio unánime, definirán el resultado de las generales. Tanto, que en Moncloa, en el entorno de Pedro Sánchez, no se descarta la posibilidad de que el presidente decida convocar las generales en la misma fecha y disuelva las Cortes en abril. De momento esa posibilidad solo ha sido tanteada, no se ha ido más lejos, pero si efectivamente el presidente decide acortar la legislatura significaría que hace suyos los pronósticos negativos que hacen algunos barones socialistas, asume que el rechazo hacia su persona es muy superior al que le dice su amigo Tezanos, y que solo podría salvar las siglas de su partido, y podría salvar su continuidad como presidente del gobierno, si las elecciones generales quedan arropadas por las municipales y autonómicas. Con candidatos que cuentan con la aceptación de los votantes habituales del socialismo que a pesar de su ideología no se dienten identificados con Pedro Sánchez y sus polémicas iniciativas.
El presidente de Gobierno no solo depende del resultado que alcance su candidatura, sino del resultado de los partidos a su izquierda. Necesita que el conglomerado de Podemos, más los independentistas catalanes, más Bildu, más el PNV, consigan los 175 escaños que le permitirían superar la investidura. Y ahí encuentra un serio problema.
Podemos vive una crisis existencial, más que política. Sufrió el desgarro de Errejón con su Más País, y por otra parte Yolanda Díaz no ha decidido todavía si va a ser candidata o no de su plataforma Sumar a la presidencia del Gobierno, o llega a un acuerdo con la dirección de Podemos -que a estas alturas y con tantos desplantes a Montero y Belarra no está por la labor de convertir a Díaz en su candidata- o prefiere la vicepresidenta de Gobierno llegar a algún tipo de acuerdo con Pedro Sánchez. El 2023 va a ser el año de la verdad para Yolanda Díaz, el miembro de Gobierno más valorado, lo que demuestra que gran parte de los ciudadanos se encandilan con una política que sabe vender sus logros aunque no sean suyos, y que ha comprendido también que una buena imagen suaviza defectos como el radicalismo, la inconsistencia o una trayectoria plagada de traiciones a sus compañeros.
Pere Aragonés ha anunciado que este año se celebrará un referendum de autodeterminación en Cataluña, lo que niega Sánchez. Veremos. Otra incógnita relacionada con los independentistas es qué ocurrirá con la aplicación de la desaparición del delito de sedición y la rebaja del delito de malversación, y si las consecuencias de esas leyes serán tan beneficiosas para los delincuentes como está siendo la del “solo sí es sí” para los condenados por violación o por abusos a menores. Esas leyes, pendientes de su confirmación definitiva en el Congreso, son precisamente las que tendrán consecuencias decisivas en las elecciones del 2023. Como la composición del Tribunal Constitución y la elección de su nuevo presidente o presidenta -Cándido Conde Pumpido podría no presentar su candidatura si prosigue el envenenamiento del clima entre los magistrados-, o la renovación del Consejo General del Poder Judicial, hoy bloqueado por el PP porque pretende que se asuma su propuesta de despolitización cambiando la fórmula de elección de los vocales, y bloqueada también por el Gobierno que se niega a acordar que se aborde una nueva fórmula una vez que se haya procedido a la renovación.
EL PP DE FEIJÓO
El 2022 cambió la vida de Alberto Núñez Feijóo, dejó la presidencia de la Xunta para asumir la presidencia del PP nacional. Su aspiración es que el 2023 le vuelva a cambiar la vida y se convierta en presidente de Gobierno.
De cara a este nuevo año todas sus iniciativas están diseñadas para hacer más potente su candidatura, con especial incidencia en las propuestas económicas. Ha añadido al equipo de Juan Bravo a personas de trayectoria conocida en ese terreno, el económico, y va a completar el programa anunciado hasta ahora con nuevas propuestas que incluyen una reforma de la reforma laboral ahora vigente, nuevas políticas fiscales, financiación autonómica y nuevo diseño de pensiones, así como medidas en el campo de la educación.
De la misma forma que Sánchez mira permanentemente hacia los partidos situados a su izquierda para ver cómo resuelven sus problemas, Feijóo mira permanentemente hacia su derecha para analizar qué pasa en Vox, que ha sufrido una pérdida importante, la de Macarena Olona, que debe decidir en cuestión de semanas si se presenta a las elecciones con partido propio. Feijóo procura no hablar de Vox, ni siquiera cuando le preguntan. No se engaña, sabe que el partido de Abascal se mantiene aunque hay momentos en los que presenta síntomas de declive, y va a volcarse en defender que él es el único candidato con posibilidades de vencer a Pedro Sánchez. Insistirá en que votar a partidos menores serán votos perdidos, y solo servirán para mantener a Sánchez en La Moncloa. No desprecia a Vox, no puede hacerlo, pero insistirá también en que consigue ser presidente de gobierno, la única posibilidad de cumplir con el programa que propone será no estar supeditado a las exigencias de Vox.
Los españoles han iniciado el nuevo año 2023 con preocupaciones que van mucho más allá de los problemas de partidos. La prioridad de los ciudadanos es la crisis económica y sus consecuencias en las familias, desbordadas por el incremento de la inflación y el alza de precios. El gobierno ha anunciado medidas paliativas, aunque aún no se han apreciado sus consecuencias y el miedo es que no sean suficientemente efectivas. A ello se une la guerra en Ucrania, que afecta no solo a los dos países implicados sino a todo el mundo incluidas las grandes potencias como China y Estados Unidos. Y a la Unión Europea y por tanto a España. Nos afecta en lo económico pero también en lo afectivo. Ucrania es un país cercano, en España vivían docenas de miles de ucranianos y varias decenas de miles más han llegado como refugiados. La esperanza es que en este año que comienza ponga fin a una guerra de consecuencias imprevisibles.
La corona
En La Zarzuela son perfectamente conscientes de que hay miembros del Gobierno, y socios, que abogan abiertamente por la abolición de la Monarquía. Jamás pronuncian en Zarzuela una palabra crítica hacia Pedro Sánchez, pero es evidente para los españoles que el presidente no hace ningún gesto para expresar su apoyo a la Corona y transmitir así a sus socios del Ejecutivo su desacuerdo con la falta de apoyo a la Constitución -que recoge que España es una monarquía parlamentaria- y la falta de apoyo además al jefe del Estado.
Se advierte además en el presidente de Gobierno un interés en expresar que él es quien manda en España y no ha escatimado escenas de falta de respeto al rey, ante las que Felipe VI nunca ha demostrado contrariedad sino que se ha limitado a estar en su sitio.
En octubre la princesa de Asturias cumple la mayoría de edad y a partir de ese momento tendrá que jurar en acto solemne la Constitución. No tiene por qué ser el mismo día del cumpleaños, que además en esta ocasión coincidiría con la campaña electoral, lo que sin duda podría incidir en el desarrollo de esa campaña.
Ese juramento tiene una consecuencia que no escapa a nadie: no se comprendería que no acudiera a esa ceremonia el rey Juan Carlos, que sigue en Abu Dhabi y con restricciones muy rigurosas para residir unos días en España. No es un problema menor, y en Zarzuela no han tomado ninguna decisión a la espera de ver cómo se desarrollan los acontecimientos de aquí a entonces.
Es un asunto de Estado. Y como todos los asuntos de Estado, deben ser atendidos con la máxima prudencia y tratando de esquivar las derivadas peligrosas. Tarea delicada cuando esas derivadas proceden en algunos casos del interior del Gobierno.
