El primero en abandonar la mesa en la que se reunían los representantes del “bloque soberanista” fue Joan Herrera, de Iniciativa per Catalunya. La discusión se prolongaba inútilmente, después de haberla prorrogado tras no llegar a un acuerdo por la mañana.
Se marchó diciendo que no estaba de acuerdo con la propuesta de Artur Mas de celebrar una consulta extraoficial, sin convocatoria formal. Poco después se levantó la reunión y los representes de ERC no escatimaron descalificaciones hacia el presidente de la Generalitat, de quien decían que había engañado a sus socios de gobierno, exigían elecciones anticipadas y advertían que no iban a acompañar a Mas en el simulacro de consulta.
El portavoz de Mas convocó a los periodistas al día siguiente y compareció solo, nada que ver con la vez anterior cuando apareció acompañado de los máximos dirigentes de todos los partidos que respaldaban la convocatoria. Su rostro era el de un perdedor.
A los pocos días, mientras se sucedían las declaraciones de ERC en contra del presidente de la Generalitat y desde la Asamblea Nacional Catalana y Omnium Cultural se hacían intentos de que ERC y Mas limasen sus asperezas y se presentara una lista conjunta en unas elecciones anticipadas, en el Congreso de los Diputados la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría se reunía en la zona de gobierno con el portavoz del grupo parlamentario catalán, Josep Antoni Durán i Lleida, que en las últimas semanas se había apartado de la línea independentista de Artur Mas aunque defendía la celebración de la consulta.
No hablaron de un pacto PP-Unió, ni tampoco de un posible frente anti independencia del que formarían parte Unió, PP, Ciutadans y el PSC. No lo hablaron entre otras razones porque la vicepresidenta no tiene capacidad de tomar decisiones en nombre del partido, pero sí cambiaron impresiones sobre la situación que se vive actualmente en Cataluña tras la marcha atrás de Artur Mas, le ilegitimidad de la consulta y el futuro que se presentaba tras la decisión de Mas.
MIEDO A LA ILEGALIDAD
El presidente de la Generalitat conoce perfectamente lo que marca la legalidad, y sabe por tanto que no puede convocar oficialmente esa consulta, tampoco elaborar un censo ni hacer pública la lista de colegios electorales. Es la razón de que los ayuntamientos que semanas atrás se proclamaron partidarios de consultar a sus convecinos no enviaran el censo, podían cometer delito. Personas del entorno de Mas afirman que se le vio preocupado cuando desde la Fiscalía General del Estado se explicó que si insistía en la convocatoria cometería tres delitos penados con hasta 15 años de cárcel. En ese sentido fue más racional Joan Herrera, que había propuesto que se renunciara a la consulta ilegal y que fuera sustituida por una recogida masiva de firmas. Herrera había pulsado a su propio partido y el resultado fue esclarecedor: solo acudieron a votar sobre la independencia el 25 por ciento de los militantes de Iniciativa Per Catalunya y, de ellos, el 20 por ciento se declaró en contra de la independencia. El análisis que habían hecho era que los que se habían abstenido tampoco eran independentistas.
Desde que Mas renunció a la consulta, el debate se centra en unas posibles elecciones anticipadas, que Mas no quiere, y qué tipo de lista se podría elaborar para conseguir que los independentistas tuvieran mayoría absoluta. Ante esa posibilidad de que el anticipo de elecciones significara un triunfo abrumador del sí a la independencia, que en estos momentos sería el resultado más previsible pues los ánimos están muy exaltados, Miqel Iceta ofreció a Artur Mas el apoyo del PSC parallegar hasta el fin del mandato. Esa es también la opción que gustaría al PP, pero hasta el momento no hay nada concreto.
Ha habido una conversación entre Mas e Iceta, pero el propio secretario primero de los socialistas catalanes ha sido realista: no sirve para nada negociar con Durán i Lleida. El único que puede tomar decisiones respecto al gobierno es Artur Mas y solo Artur Mas. Y, hasta el momento, no se pronuncia.
Está centrado en la consulta, necesita con desesperación que acuda mucha gente a votar y que se incline por la independencia. Solo después del 9N, y en función del resultado, tomará decisiones sobre el futuro.
PREOCUPACION DE JUNQUERAS
Para lograr su objetivo, y puesto que no se puede publicar el censo, se le ha ocurrido que las personas que quieran participar en la consulta se inscriban en un registro que, aunque no tiene validez legal, sí puede servir para demostrar lo que pretende, que es masivo el número de ciudadanos que quieren votar. Segundo, se podrá votar durante quince días, se rebaja la edad a los 16 años y se dan todas las facilidades a los extranjeros que residan en Cataluña y a los catalanes que residan fuera. Lo que importa es que voten, cree Mas que así fuerza al gobierno de Mariano Rajoy a negociar. Rajoy sin embargo no cede ni un milímetro en la posición que ha mantenido desde el primer momento: está dispuesto a negociar lo que sea, pero nunca sobre ningún aspecto que sea ilegal o anticonstitucional. Por tanto, en esa negociación en ningún caso se pueden debatir cuestiones que no signifiquen el mantenimiento de la soberanía de España y mucho menos se puede negociar sobre territorialidad.
Una de las muchas propuestas que maneja el Gobierno para el caso de que Artur Mas ceda en sus ansias independentistas y se avenga a negociar dentro de la Constitución, indica que el Estado cede determinadas competencias a Cataluña sumadas a las que ya tiene ahora, pero relacionadas exclusivamente con cuestiones relacionadas con la identidad catalana dentro de la identidad española. Pero esas nuevas competencias tendrían que estar financiadas en exclusividad por el gobierno catalán y con unos impuestos suplementarios de los catalanes.
Pero antes de que se plantee esa posible negociación, queda camino por recorrer. Lo más acuciante para Artur Mas es completar el ciclo marcado con esa seudoconsulta que menosprecian los no independentistas e indigna a los independentistas. Y, segundo, le preocupa la posibilidad de perder el apoyo de ERC, porque entonces estaría perdido desde el punto de vista electoral; los votos independentistas de CDC se irían para la formación de Oriol Junqueras, que se convertiría en la gran figura política de Cataluña.
Junqueras también tiene sus propias preocupaciones: si la consulta de Mas es un fracaso, el gobierno de Rajoy habrá logrado un triunfo. Por tanto, se plantea ofrecer apoyo para que esa convocatoria sea un éxito aunque no sea la consulta que él quería. Pero ese apoyo debe ser muy medido: si a pesar de todo la participación no es la esperada, la propia imagen de ERC, y de Junqueras, quedaría muy deteriorada.
