En el Gobierno ha sentado a cuerno quemado que The Economist haya calificado la democracia de España como “defectuosa”, poniendo el acento en la falta de acuerdo para proceder a la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Se comprende el malestar de Moncloa, aunque son muchos los españoles que llevan tiempo denunciando que este Gobierno deja mucho que desear en cuanto a la defensa de los valores propios de una democracia, al coaligarse con un partido que en muchos aspectos se mueve al margen de la Constitución, al igual que ocurre con sus socios filoterroristas e independentistas.
Hay un aspecto significativo del reproche de la prestigiosa revista: no acusa al PP por su posición respecto a la situación de la Justicia, como le habría gustado al gobierno que siempre carga las tintas contra Pablo Casado, sino que se refiere a las “divisiones políticas”, lo que significa que reparte responsabilidades. Como debe ser, pues si el PP se empecina en sus exigencias, no son menos las del PSOE y del Gobierno, y cualquiera que haya seguido la polémica y las negociaciones sabe que esto va de nombres y de que el PP pretende además cambiar las reglas de juego en plena carrera. O si no, que el PSOE se comprometa a apoyar una nueva fórmula de elección de los miembros de las instituciones.
No solo el problema de la renovación de las instituciones demuestran el déficit democrático de la España actual, aunque quizá la designación de sus miembros, es uno de los más graves. Y hay que decir designación, no elección, porque Congreso y Senado votan a aquellos designados por los partidos mayoritarios, tras componendas irritantes y que en muchos casos provocan vergüenza. En las instituciones no están los mejores, sino los que no molestan a PSOE y PP.
Hay otras pruebas de deficit democrático que podría recoger The Economist. Por ejemplo, el incremento del SMI que ha provocado un triunfalismo exagerado en Yolanda Díaz. Generalmente los gestos de triunfalismo ocultan un fracaso, como lo es en este caso que lo hayan acordado Yolanda Díaz y los sindicatos, dejando fuera a los empresarios. Una aberración, porque son los empresarios quienes tendrán que pagar la subida. Al impedirles defender sus propuestas en una mesa negociadora, no se corregirán los muchos defectos con los que nace ese incremento del SMI, que debería recibido con entusiasmo si no fuera por las consecuencias.
La primera, que los que pagan no lo apoyan porque miles de pequeñas empresas no lo pueden asumir y provocará más desempleo. Segundo, porque afecta a quienes trabajan, no a quienes buscan desesperadamente trabajo, que tendrán más difícil encontrar empleo si se incrementan los costes de los posibles empleadores.
A ver si entiendan Sánchez y Yolanda Díaz, de una vez, que también es déficit democrático ser el país europeo con mayor porcentaje de parados. Las democracias obligan a respetar el derecho de los ciudadanos a ganarse la vida dignamente.
