El presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, en un acto relacionado con las víctimas de violencia de género, no ha dudado en abordar el asunto que más preocupa en estos momentos a quienes administran Justicia, también uno de los asuntos que más preocupan en estos momentos a los españoles: las interferencias políticas en cuestiones judiciales. De ahí la petición de Vicente Guilarte, casi la suplica: “Déjennos en paz”.
En un país democrático, esa súplica sería inexplicable, no se daría. Porque no la hace Guilarte para defender a los jueces de maleantes disconformes con las condenas que les imponen los tribunales por los delitos cometidos, sino que Guilarte traslada esa súplica a los políticos, y singularmente a los socios del Gobierno.
Uno de esos socios, Junts, ha dado por bueno que su portavoz parlamentaria haya nombrado a los jueces Marchena y Llarena llamándoles “indecentes”. Todo, porque aplican la ley, o intentan aplicar la ley, a los dirigentes independentistas que se han rebelado contra el Estado incumpliendo las leyes. Leyes sin embargo a las que acuden para que se les aplique cuando les favorecen. Extraña manera de considerar sus ansias independentistas. Pretenden una independencia a la carta: financiada por España y asumiendo solo las leyes que les convienen.
La reacción del Gobierno ante las palabras de Miriam Nogueras no ha estado a la altura de la infamia. La ministra Robles ha expresado su rechazo, pero se ha visto más como un apoyo a sus compañeros de profesión, porque sigue respaldando de forma incondicional a un Pedro Sánchez que, obligado por sus acuerdos de investidura, toma decisiones que infinidad de jueces y fiscales consideran ilegales e incluso delictivas.
Guilarte ha expresado también su disconformidad con las comisiones parlamentarias -exigidas también por los socios de Sánchez- que pretenden investigar las actuaciones de jueces y fiscales en asuntos políticos. Para el Gobierno son fundamentales esas comisiones parlamentarias que manejarán a su antojo, buscando las mayorías necesarias para que aprueben o sancionen determinadas decisiones judiciales, en función de lo que convenga a sus socios y, por tanto, a Pedro Sánchez, que no quiere dar un solo motivo a los independentistas catalanes y a Bildu para que dejen de prestarle su apoyo. Lo ha dicho el propio Guilarte, que por profesión y cargo sabe perfectamente de qué habla: ningún juez puede ser convocado por una comisión parlamentaria “para justificar su proceder jurisdiccional”.
Para que se exprese así el presidente en funciones del órgano que vela por la correcta administración de la Justicia, algo muy serio está ocurriendo en el ámbito del Gobierno, obligado a respetar y hacer respetar la independencia de los tres poderes, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Lo indecente, señora Nogueras, no es que haya jueces empeñados en cumplir la ley. Lo indecente es que usted pueda incumplirla, difamar a jueces y fiscales y que su partido tenga como líder a un prófugo de la Justicia. Aunque peor es que el presidente de Gobierno asuma las exigencias de Puigdemont.
