Se sabía que el juez Castro cerraría la instrucción del caso Urdangarín con la imputación de la infanta Cristina, como se sabía de antemano que ante esa imputación el fiscal Horrach iba a presentar recurso ante la Audiencia Provincial de las Palmas.
El obligado respeto a la justicia no impide sentir cierta incomodidad ante la certeza, desde tiempo atrás, de que el juez tenía especial empeño en imputar a doña Cristina. Castro no recibió bien la primera desimputación y existía la seguridad de que volvería a su posición inicial antes de cerrar el caso. Era tanta la certeza, sumada al malestar por la actitud de la infanta, que doña Cristina no ha participado en ninguno de los actos de la sucesión, abdicación y proclamación del nuevo rey. Ni siquiera fue invitada a sumarse a la reunión familiar que se celebró en el Palacio Real antes de que comenzara la recepción oficial y multitudinaria, a pesar de que se encontraba en La Zarzuela siguiendo por televisión, desolada, los actos protagonizados por su padre y por su hermano.
Un tribunal decidirá en su momento el grado de responsabilidad de la infanta en los actos presuntamente delictivos cometidos por su marido. El juez Castro considera que ha cometido delito fiscal y blanqueo de dinero y tendrá que responder ante la Justicia si la Audiencia Provincial mantiene la imputación. Defensores hay de doña Cristina, como hay también detractores que respaldan la actuación del juez. En lo que hay una práctica unanimidad es en que la infanta no ha reaccionado con la necesaria responsabilidad institucional ante el caso Urdangarín.
Un caso que no habría existido si el primer día que se conocieron los presuntas actividades delictivas, Urdangarín hubiera cogido un avión en Washington para presentarse voluntariamente ante el juez, dar las explicaciones pertinentes y ofrecerse a pagar las cantidades que hubiera podido defraudar al fisco si efectivamente hubo fraude.
La actitud de Urdangarin, respaldado por la infanta, aparte de afectar gravemente a su estabilidad familiar ha causado un grave deterioro de la imagen de la Corona, lo que es imperdonable en la hija de un rey que no merecía que su trabajo de casi cuarenta años quedara empañado en gran parte por los negocios de su yerno. Negocios que el propio rey Juan Carlos quiso bloquear, sin éxito, cuando antes de que surgiera el caso Urdangarin tuvo noticias de que el marido de su hija había creado sociedades mercantiles en contra de lo que se le había indicado.
Quienes conocen bien a la infanta creen la versión que dio al juez, desconocía que su marido incurriera en conductas non sanctas, mucho menos delictivas. Pero cuando se forma parte de una familia real, no vale justificarse con el argumento de la confianza que merece un marido, porque no tomar decisiones expeditivas afecta gravemente a la institución a la que se pertenece.
