Opinión

La justicia como elemento de permanencia

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La justicia como elemento de permanencia

Quim Torra, presidente de la Generalitat, en un acto reciente.
photo_camera Quim Torra, presidente de la Generalitat, en un acto reciente.

Decía Sánchez que había que desjudicializar la política y, en cuanto ha sido investido presidente, lo primero que ha hecho ha sido utilizar la Justicia para mantenerse en el gobierno, al mismo tiempo que la desdeña cuando se pronuncia  en contra de sus intereses. 

El último, no dar relevancia al hecho de que el Tribunal Supremo ha determinado que Quim Torra debe dejar su escaño en el parlamento catalán, lo que podría provocar que tuviera que dejar de ser presidente de la Generalitat. Sánchez sigue empeñado en mantener la cita que tiene concertada con Torra, porque de cancelarla piensa que los independentistas catalanes podrían retirarle su apoyo y provocar la inestabilidad gubernamental si no votaran sus principales iniciativas parlamentaras, entre ellas los Presupuestos Generales. 

El presidente de gobierno critica la politización de la justicia pero no duda en utilizarla para alcanzar sus fines. Por ejemplo, para promover una reforma del Código Penal que revise los delitos de rebelión y sedición. Hace tiempo que tanto los dirigentes del PSOE como del PP se han referido a la necesidad de esa reforma, pero es evidente que la urgencia de Sánchez para hacerlo ya, cuanto antes, está directamente relacionada con su prisa por dar satisfacción a los independentistas. 

Si se rebajaran las penas aplicadas al delito de sedición, que es por lo que el Supremo ha condenado a los dirigentes que promovieron el referéndum ilegal del 1 de octubre, tanto Junqueras como sus compañeros podrían verse en muy corto plazo en libertad, ya que la ley recoge que los reos tienen derecho a acogerse a las leyes y normas que les son más beneficiosas y los condenados podrían hoy acogerse a que la reforma, cuando se produzca, se les aplique de forma retroactiva. 

Sánchez tergiversa el sentido de cualquier reforma legal, y no la promueve como castigo al que delinque sino como premio a los que le han permitido ser presidente. Algo que escandaliza a la mayoría de los profesionales  que imparten justicia, incluidos destacados jueces y fiscales alineados habitualmente entre los que se consideran progresistas; como escandaliza a dirigentes del PSOE, encabezados en estos momentos por el presidente regional manchego Emiliano García Page y en menor medida al presidente aragonés Lambán, que sin ser tan claro como Page sin embargo también ha expresado públicamente su incomodidad con determinadas medidas del presidente.

LA REFORMA DEL CóDIGO PENAL 

El equipo y los incondicionales de Sánchez alegan, y lo hacen insistentemente, que la reforma respecto a esos dos delitos tiene como objeto igualar la consideración de la justicia española respecto a la sedición y rebelión a la que se aplica en los restantes países europeos, y recuerdan el caso de Alemania, donde un tribunal negó la extradición de Puigdemont a España cumpliendo la euro orden porque según sus leyes no había cometido un delito de rebelión. Fiscales de prestigio coinciden en que en aquel caso han intervenido factores ajenos a la calificación de los delitos, como que se trataba de un tribunal de Schleswig-Holstein, región muy nacionalista que veía con buenos ojos a un Puigdemont con su mensaje de perseguido político por su ideología, no por los acontecimientos del 1 de octubre. También pudo influir el hecho de que en España los jueces instruyan y juzguen, en lugar de hacerlo los fiscales –como en la práctica totalidad de los países- y eso lleva a que en determinadas circunstancias hay tribunales extranjeros que no siempre comparten los criterios de los jueces españoles.

En cualquier caso existe casi unanimidad en el mundo de la Justicia en que el anuncio del gobierno de que la reforma del Código Penal va a ser inminente, cuestión de meses, es un mensaje que se lanza para satisfacer a ERC y que siga prestando su apoyo a Sánchez, pero de imposible cumplimiento antes de que finalice el año. 

Primero tienen que ponerse a trabajar los profesionales de la Justicia con los gobernantes y políticos que quieren emprender la reforma, y no es algo que se resuelva en cuestión de días, sino que en experiencias anteriores se han prolongado durante meses, incluso con el trámite de urgencia. Ahí surgirán problemas con los independentistas, que siguen empeñados en que se conceda la amnistía a  sus dirigentes condenados, y la amnistía no cabe en la Constitución, aunque sí el indulto, que es decisión de Consejo de Ministros y de inmediata aplicación.

CONSULTA NO VINCULANTE 

La reforma tendría que aprobarse como Ley Orgánica, que obliga a contar con la mayoría absoluta de los votos en el Parlamento, que hoy por hoy no los tiene Sánchez como se vio en la primera votación de su investidura. La reforma por tanto es un asunto complejo, con trámites que se pueden prolongar en el tiempo antes de llevarla al Parlamento. Y una vez en el Congreso, debe ser negociado el apoyo necesario. 

Tal como se encuentra ahora el escenario político, con miembros del PSOE que no ocultan su rechazo a las iniciativas que está tomando Sánchez respecto al independentismo catalán y a Bildu, y que en los próximos meses pueden agudizarse más si se demuestra que Sánchez no se pone límites para lograr que regresen o se afiancen en las instituciones, es posible que desde el propio mundo socialista se tomen medidas para cercenar las ansias de permanencia en el poder de Pedro Sánchez,  tumbando su gobierno a través de los cauces parlamentarios. Su decisión de mantener el encuentro con Torra, condenado e inhabilitado por la justicia, es un elemento que no ayuda a apaciguar las aguas revueltas que se perciben ya en algunos sectores socialistas.

El Gobierno niega que en ese encuentro entre Sánchez y Torra se vaya a abordar la reforma del Código Penal, pero no lo cree nadie.  La palabra del presidente no vale nada desde que incumplió anuncios y promesas, pero es que además nadie pone en duda que Torra quiere hablar de lo que dijo que quería hablar: celebración de referéndum, amnistía para los presos y financiación autonómica. Para los dos primeros puntos es obligado que se aborden reformas legales. 

Por ejemplo, para celebrar no un referéndum sino una consulta no vinculante -que es lo que se intentará vender tratando de solapar la realidad de lo acordado- es necesario que esa supuesta consulta no vinculante sea convocada por el ejecutivo, la pregunta sea sobre lo acordado entre el Gobierno y los independentistas y debe ser muy clara, y en ningún caso lo acordado puede entrañar que no respeta la Constitución. 

La oposición estará muy atenta para que así sea, para presentar el recurso correspondiente ante el Tribunal Constitucional a poco que adviertan ilegalidad.