La Junta de Fiscales respalda mayoritariamente que se abra causa a Puigdemont por si estuviera implicado en un asunto de terrorismo. Respuesta del gobierno: la Junta de Fiscales no tiene vela en este entierro, aunque dicho de manera más protocolaria. La Comisión de Venecia visita España para informarse sobre la Ley de la Amnistía. Respuesta del letrado mayor del Congreso: no recibirá a la comisión. Una guerra institucional en toda regla.
En esta situación de bloqueo absoluto de Moncloa a cualquier iniciativa relacionada con la amnistía de Puigdemont, Pedro Sánchez tiene un nuevo problema: personas que nunca hablaban por respeto a las instituciones que representan, ahora hablan.
Han salido del silencio voluntario obligados por las faltas de respeto del gobierno a su trabajo, las descalificaciones personales y profesionales, el desprecio a decisiones perfectamente fundadas, y la imposición del criterio de un tal Puigdemont frente al criterio de buena parte de profesionales que saben perfectamente cómo hay que responder con la ley ante actitudes delictivas.
Ya no caben los subterfugios de portavoces de Moncloa que intentan blanquear decisiones negrísimas, porque los que saben de asuntos de Estado no dudan en explicar qué hay detrás de determinadas decisiones emanadas de los despachos de Sánchez, Francine y Bolaños entre otros. Entre esos otros hay que incluir a hombres y mujeres promovidos a las alturas por estos tres políticos, para que cooperen en su importante labor de conformar una España a su semejanza: un país que tiene poco que ver con los países democráticos del entorno. Desde los despachos del actual poder se menciona mucho al húngaro Orbán, pero no ha intervenido la Justicia de su país mucho más de lo que está tratando de intervenir el gobierno de Sánchez en las decisiones de jueces y fiscales.
Hoy los jueces y fiscales que se toman en serio su trabajo, que son la mayoría, preocupan mucho más al gobierno que el líder de la oposición. Por eso es tan brutal la acometida desde Moncloa, que hacen suyas las acometidas de Puigdemont y su abogado Boyé, un hombre que cumplió condena de prisión por colaboración con ETA.
Así son las cosas en la España sanchista, a la que se han sumado importantes funcionarios por oposición. El último, Fernando Galindo, nuevo letrado mayor del Congreso. Una operación más de las diseñadas para amnistiar a Puigdemont. Vista la reacción ante la decisión de Junta de Fiscales, es seguro que Moncloa insistirá en el cerco a jueces y fiscales no obedientes con el “hay que salvar a Puigdemont”.
Mal asunto para Sánchez y para Puigdemont que los que hasta ahora callaban hayan dejado de hacerlo. Y es que un número considerable de fiscales y jueces, ya no están dispuestos cruzarse de brazos cuando son ninguneados, presionados y vilipendiados. Los hay que se someten a lo que les mandan, pero en el pecado llevarán la penitencia: los españoles saben muy bien qué políticos, jueces, fiscales, empresarios, periodistas y más, mantienen su dignidad.
