La corrupción no le da tregua. Sin tiempo para recuperarse por la utilización de las tarjetas negras que ha provocado la suspensión de militancia de Rodrigo Rato, y sin haber asimilado todavía que Angel Acebes tiene problemas con la Justicia, Mariano Rajoy se ha desayunado con la noticia de la detención de medio centenar de cargos políticos, la mayoría del PP. Entre ellos, Francisco Granados, que fue uno de los hombres más importantes del partido en Madrid, y el presidente de la Diputación de León -sustituyó hace meses a Isabel Carrasco, asesinada en plena calle- y que dentro de pocos días iba a ser elegido presidente provincial de su partido.
Se debe insistir en un punto: que tanto Rajoy como Cospedal se enteraron de la redada promovida por el juez Eloy Velasco y un grupo de guardias civiles adscritos a la UCO, al mismo tiempo que el resto de los españoles. Se trataba de una operación de la Fiscalía anticorrupción iniciada en el mes de junio, lo que significa que el gobierno, con Rajoy a la cabeza, está dejando trabajar a la fiscalía con plena libertad incluso cuando investiga a destacados militantes del partido que gobierna. Conviene decirlo porque no siempre los gobernantes permiten que los fiscales, que dependen del Fiscal General del Estado, elegido por el Gobierno, provoquen problemas investigando a sus propios dirigentes.
Francisco Granados fue hombre clave en el PP madrileño, enfrentado a muerte con el actual presidente del gobierno regional Ignacio González, y del que Esperanza Aguirre prescindió cuando empezaron a llegar noticias sobre operaciones poco claras. O más bien muy oscuras. Siempre alegó que era víctima de una caza de brujas organizada por González, pero no es eso lo que creen los fiscales y guardias civiles que le investigan desde hace tiempo, ni tampoco lo cree el juez Velasco, que ordenó su detención.
La operación Púnica, que ha supuesto la detención de cincuenta y tantas personas, es un nuevo varapalo para una vapuleada clase política que pierde prestigio a chorros. Coincide además con otras noticias sobre corrupción en las altas esferas catalanas, nuevos episodios que huelen mal en la comunidad valenciana y el goteo incesante de detenciones e imputaciones de los jueces Alaya y Ruz, que no acaban de cerrar sus sumarios.
Y coincide con una etapa dulce de Podemos y Pablo Iglesias, que acusa permanentemente a la “casta” de ser corrupta; sin hacer distinción, porque no le conviene, entre los que son corruptos y los que se ganan decentemente la vida en política, que son multitud. Pero los decentes no son noticia.
Sólo hay un aspecto a tener en cuenta, para bien, en las nuevas noticias sobre detenciones de altos cargos: la Justicia funciona. Tarde, pero funciona. Y no tiene en cuenta los carnets de militancia ni los carnets de identidad: caen los que deben caer, sin ningún tipo de privilegio.
