El pasado mes de octubre las Cortes aprobaban la reforma del Tribunal Constitucional con el único apoyo del PP y UPN. Las críticas de los partidos de la oposición fueron ácidas, alguna incluso virulenta, y el PSOE no escatimó descalificaciones hacia sus promotores: el gobierno y el PP. No han pasado tres meses, y esa reforma va a permitir hacer frente al desafío independentista catalán.
Recoge el texto que las sentencias del Tribunal Constitucional serán de obligado cumplimiento, pero recoge también algo de la máxima relevancia: que en caso de que un gobierno se encuentre en funciones y por tanto no puede llevar al Congreso iniciativas legislativas para su aprobación, podrá instar al TC y a la Fiscalía General del Estado para que actúen contra quien se sitúa al margen de la Ley.
Si esa reforma no se hubiera aprobado, hoy estaríamos ante una situación insostenible: sin medios para actuar contra las decisiones que tome el parlamento catalán aprovechando la circunstancia de que el gobierno español se encuentra en funciones. Hay que recordar por otra parte que, inmediatamente después de que ese parlamento aprobara la declaración institucional por la que se abría el proceso independentista, el gobierno presentó recurso ante el Tribunal Constitucional, que de forma unánime se pronunció en contra de esa declaración y del proceso. Una sentencia que, gracias a la reforma, tiene que ser cumplida, de forma que los tribunales podrán actuar contra aquellos que se nieguen a hacerlo.
El gobierno de Rajoy ha cometido errores a lo largo de los últimos años al no conseguir que Artur Mas diera marcha atrás en su aventura independentista, aunque en el secreto del sumario quedará si Rajoy estaba en condiciones de posibilitar algún tipo de acercamiento a las posiciones der Artur Mas o el ya ex presidente de la Generalitat se mantuvo tan firme en su posición secesionista que él mismo abortó cualquier posibilidad de diálogo, que es lo que alega Rajoy, que explica que se topó con un interlocutor que se negaba a admitir cualquier posición que no fuera la independencia. Ahora, con un presidente en Cataluña decidido a llevar adelante el proceso de secesión, apoyado además por la mayoría parlamentaria catalana, lo que tendría que preguntarse Pedro Sánchez, que acusa a Rajoy de ser el obstáculo para el diálogo, es si él habría sido capaz de llevar la nave del sentido común a buen puerto. Sentido común que no demuestra ahora al empeñarse en gobernar con el apoyo de un Podemos que apuesta por un referéndum ilegal y que, además, al no sumar suficientemente con Podemos, tendría que sentarse Sánchez con partidos como ERC o Bildu si pretende ser presidente.
Logre o no ese cargo, lo que sí ha demostrado Sánchez es que anda escaso de visión de futuro: sin la reforma de la Ley del TC que él no respaldó, hoy no existirían armas para defenderse contra los avances independentistas que pretende Puigdemont.
