Se da un intenso debate jurídico sobre las multas impuestas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sobre aquellos ciudadanos que se han saltado las reglas del confinamiento, tanto por su cuantía como por la cobertura legal para esas actuaciones, basadas en la Ley de Seguridad Ciudadana que tanto el PSOE como su socio de Gobierno, Unidas Podemos querían derogar. Hasta el momento se han notificado más de 750.000 propuestas de sanción con importes superiores a los 600 euros, que respetables juristas consideran que no prosperarán cuando sean recurridas. De acuerdo. No parece que en la intención del Gobierno exista un afán recaudatorio. Pero al que le ponen una multa la papela le acongoja y no sabe si tendrá que pagar o no o, si le apetece meterse en líos judiciales aunque tenga muchísimas posibilidades de ganar. Las multas tiene un efecto disuasorio que no consiguen las campañas que llaman a la responsabilidad cívica. Los multados ganarán en los juzgados, pero durante unos días se les habrá quitado las ganas de salir a pasear cuando no se debe.
