Si a cualquier ciudadano español se le ocurre sacar subrepticiamente del país un paquete con 26 millones de euros y se descubre el embolado, lo previsible es que la policía vaya corriendo a su casa y lo ponga a disposición judicial para que el juez decida que hace con él, aunque el volumen de la evasión bien merece la prisión provisional comunicada hasta el esclarecimiento de los hechos. Si en lugar de dinero se trata de un raro cuadro de Picasso valorado en esa cantidad, que además se trata de un bien declarado inexportable, debiera haber ocurrido lo mismo, por el daño que se pretendía causar al patrimonio nacional. Si el autor del intento frustrado de sacar el cuadro de España es un banquero, el latrocinio merece ser adornado con algún agravante. Luego dicen que la justicia es igual para todos.
