Unos 2.500 jueces españoles de tres asociaciones judiciales conservadoras han pedido a la Comisión Europea que inicie un procedimiento sancionador contra España por la reforma judicial aprobada que impide al Consejo General del Poder Judicial en funciones -y el actual lleva ya más de dos años- realizar nombramientos en los órganos judiciales más relevantes. Según el escrito el Gobierno ha emprendido un proceso que pone en riesgo el estado de Derecho en nuestro país. Los jueces conservadores han hecho un viaje de muchos kilómetros hasta Bruselas cuando podían resolver el asunto en el centro de Madrid, porque se da la circunstancia de que hay un partido que está vulnerando la Constitución al impedir la renovación del CGPJ, y por tanto su presión debiera dirigirse hacia quien no cumple sus procedimientos. Se cruzan apuestas a que cuando el PP vuelva al poder no deroga esa ley que tanto inquieta a los jueces. Y más si finalmente se produce la renovación y cambian las mayorías, como está previsto.
