Es muy curioso comparar el trato que recibe la prensa en España respecto a lo que sucede en los grandes países de su entorno. Analizar qué recomienda Bruselas, comprobar las políticas de Francia, Dinamarca, Italia, Canadá o Australia y enfrentarlas a lo que marca La Moncloa. Esta disparidad no es nueva pero la lente del covid ha ampliado la imagen: en los últimos 12 meses, y no es una exageración, los medios solo se han colado en la agenda gubernamental para ser vetados (1º ola), con la polémica por la regulación de las "fake news" (2º ola) y con las descalificaciones del todavía vicepresidente del Gobierno (3º ola).
Parece que al gran político español solo le interesan los periódicos si es para intentar manosearlos. Después esa obsesión se convierte en un frontón para desatender el peso que tiene esta industria, apuntado por estudios, lectores y datos que apuntan muy especialmente a la prensa local como un gran nicho de confianza, empleo y motor del territorio. Por algo la CE pide planes de "alfabetización mediática" o Japón tiene un programa para garantizar cuatro diarios en papel en cada biblioteca de instituto. Mientras, aquí incluso toca soportar groseros señalamientos de diputados a periodistas o a alcaldes intentando alejar a los vecinos de su prensa quitándola de donde pueden. Esta debe ser la modernidad española.
