El narco que conducía la “goma”, que es como se conoce coloquialmente al pilotaje de las planeadoras que transportan la droga por el Estrecho, acometió contra los agentes de la Guardia Civil con la intención de causar el resultado alcanzado. Quería acabar con la vida de los indefensos servidores públicos. Era plenamente conocedor de la superioridad de medios con la que ejecutaba la acción, ampliando el perímetro para alcanzar más velocidad y ejecutar el vil acto. Además, perpetró el hecho para facilitar la comisión del delito y evitar ser descubierto. Lo hizo con ensañamiento y alevosía, asegurando el resultado al pasar por encima de los agentes con una narcolancha que se sabía que aplastaría la zodiac de los GEAS. Y actuó por venganza, puesto que el conductor, días antes, había perdido a su mejor amigo, otro narco, en un accidente cuando trababa de huir de un control policial. Por eso, la muerte de los compañeros debe ser considerada como un asesinato, como forma agravada del homicidio, a tenor de las circunstancias en las que se produjeron las muertes.
Este delincuente, como algunos más de esa zona y de la nuestra, disponía de un alto nivel de vida, con varias casas y coches de alta gama. Percibía en torno a 15.000 euros por cada descarga de hachís. Él es principal responsable del asesinato de ambos guardias civiles y del grave estado en el que se encuentra un tercero. El Gobierno, Interior y la Dirección General de la Guardia Civil tienen su parte importante de culpa al no proveer de los medios adecuados a los agentes que prestan servicio en el Estrecho, por no declarar esos destinos como Zonas de Especial Singularidad o por negarse a reconocer a Policía Nacional y Guardia Civil como profesiones de riesgo, mientras riegan de millones a los Mossos, compran 100 quads 4x4 a la Policía marroquí o dejan sin ejecutar, en 2023, cerca de 2.000 millones de euros presupuestados para el Ministerio del Interior. La obediencia ciega no tiene cabida en los tiempos actuales y la orden trasladada a los agentes debe tener consecuencias legales y servir para corregir, en un futuro inmediato, la desprotección jurídica y de medios de las FCSE. Los responsables de la Benemérita no debieran haber ordenado este servicio en las condiciones en las que se realizó.
Desde el 2018 se ha prohibido en España la venta de este tipo de lanchas. A pesar de ello, recientemente, gracias al trabajo de las unidades que luchan contra el tráfico de drogas, se han detectado industrias en Galicia que se encargan de fabricar ad hoc este tipo de embarcaciones, las cuales acaban poniéndose en funcionamiento en el Estrecho, por lo que muy probablemente esa planeadora fuese construida en nuestra Comunidad o en el norte de Portugal, donde sí está permitida su comercialización por lo que se necesita poner en común ambas legislaciones y debilitar así el músculo económico de personas y organizaciones.
Lo sucedido en Barbate pone de manifiesto una situación que la Fundación Gallega contra o Narcotráfico, sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil llevan denunciando en los últimos años. Urge trabajar conjuntamente para que los investigadores tengan más herramientas legales a la hora de realizar su trabajo sin tantos impedimentos y que los delincuentes no aprovechen la laxitud de nuestra legislación en cuanto a fianzas ridículas o imposibilidad de intervención de bienes, produciéndose un efecto llamada de formas extremadamente violentas de ejercer los delitos conexos con el tráfico de drogas, que tantas vidas fulmina, erosionando el entorno y el bienestar de muchas personas y familias.
