Esta semana se hizo viral un vídeo de las protestas de los bomberos comarcales, quienes, durante un tiempo, convirtieron la calle del Progreso de Ourense en un escenario bélico. Con un miedo inusual en su mirada, algún niño que salía a esa hora de un colegio cercano interrogó a sus padres si el humo de las calles, las sirenas, las bengalas o el amplio despliegue policial tenía alguna relación con la guerra entre Israel y Palestina. Por fortuna, en Galicia no estamos habituados a escenarios de este tipo en los que la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad es la única alternativa y quizás la que buscan los manifestantes para que los ecos de sus reivindicaciones lleguen más lejos.
Analizando los disturbios de los últimos meses, se han detectado, al menos, tres concentraciones en los que algunos violentos que distorsionando y desluciendo el movimiento reivindicativo obligaron a la Unidad de Intervención Policial o a la Unidad de Prevención y Reacción a intervenir: bateeiros, sector del metal o bomberos comarcales. La crispación social, más acentuada desde el covid, va en incremento, y cuando alguien traspasa la línea donde se sitúa el límite, la Policía debe intervenir para restablecer el orden público.
En la mayor parte de las manifestaciones o concentraciones se produce un diálogo entre los organizadores de la protesta y los responsables del dispositivo de seguridad, al objeto de concretar ciertos términos del desarrollo de la misma. Atendiendo al carácter pacífico de la inmensa mayoría de los actos reivindicativos, conjugado con el respeto al libre ejercicio del derecho a la manifestación, en más del 95% de las manifestaciones o concentraciones reivindicativas no se precisa de la intervención policial ni del uso de la fuerza. La comunicación de las manifestaciones, algo que la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana pretendía flexibilizar, es fundamental para que haya una persona responsable que posibilite la confección de un dispositivo de seguridad acorde a la entidad de la protesta, una vez valorado el grado de conflictividad realizado por las Brigadas de Información y teniendo a quién señalar en caso de que se produzcan daños que pudieran evitarse con una organización más diligente del acto.
Las agresiones a los agentes de la autoridad y los delitos de resistencia y desobediencia se han disparado en ciudades que hasta 2020 contaban con índices insignificantes en estos delitos. La seguridad es uno de los pilares fundamentales del Estado de Bienestar y tiene una incidencia directa en la salud física y mental de las personas y en el crecimiento económico de los barrios y ciudades. En tal contexto conviene establecer los mecanismos de prevención oportunos, dotando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de los medios personales, materiales, formativos y jurídicos necesarios y, lo que es más importante, a medio y largo plazo, realizando una óptima prevención desde los centros educativos y hogares, no siendo el mejor espejo para niños y adolescentes el empleo de un lanzallamas casero o industrial en medio de la vía pública para acometer contra la Policía.
