El acuerdo suscrito entre sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones profesionales de la Guardia Civil con el Ministerio del Interior el 12 de marzo de 2018, publicado en el BOE del día 20, fue el punto de partida al mayor avance histórico en materia salarial para los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil).
Las circunstancias que rodearon la firma del acuerdo no estuvieron exentas de polémica. Por un lado, aquellos que pensábamos que tras llevar las negociaciones al límite no había más margen de maniobra y que la forma de salvar las discrepancias existentes con la Administración, en cuanto a la cifra necesaria para acabar con la desigualdad histórica que los dos Cuerpos de Seguridad llevaban reivindicando desde tiempos pretéritos, era que un órgano externo e independiente valorase si era necesario, tal como entendíamos sindicatos y asociaciones, más dinero y mientras ese análisis no se producía, poder ir recortando la brecha salarial, ya con efectos retroactivos desde el 1 de enero aquel año. En el otro extremo se encontraban aquellos que consideraban que firmar aquel acuerdo era un error, apostando por la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular en la que todo el colectivo se había implicado, consiguiendo en muy pocas semanas las firmas necesarias para poder presentarla.
Por aquel entonces otros colectivos presionaban en el mismo sentido que policías y guardias civiles y exigían corregir una desigualdad, que, en el caso de las FCS quedó patente el 1 de octubre. Además, existía la posibilidad de perder el apoyo ciudadano y de los medios de comunicación, volcados mayoritariamente con los dos Cuerpos de Seguridad del Estado tras lo acontecido en Cataluña con el desafío secesionista. Dos meses y medio después de la firma del acuerdo llegó la moción de censura, el cambio de gobierno, la inestabilidad política, presupuestaria y legislativa. Y dentro de la reciente la crisis sanitaria acompañada de las inevitables consecuencias económicas que en aquel momento nadie podía advertir. El tiempo ha dado la razón a los firmantes del acuerdo y a aquellos que lo defendieron y pelearon para que saliese adelante en las condiciones más favorables para el colectivo.
Hace unos días se habilitaba, a través de decreto, el cobro del tercer tramo del acuerdo de equiparación. Un hecho que debe desmarcarse del importante papel que ha jugado Policía y Guardia Civil en la crisis sanitaria, enfrentándose en primera línea a la pandemia, contextualizándolo en el cumplimiento de la rúbrica entre los agentes sociales y Juan Ignacio Zoido, en marzo del 18. Toca seguir defendiendo el acuerdo y su cumplimiento íntegro porque si se cumplen las cláusulas 1 y 8 estaremos ante la equiparación. Es necesaria voluntad política y tenemos base legal para exigirla.
