Opinión

La haya se queda a medio camino

El Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas (TIJ) con sede en La Haya, se ha quedado a medio camino ante la denuncia por genocidio presentada por el Gobierno de Sudáfrica contra el de Israel por su respuesta desproporcionada a los atentados terrorista de Hamás del pasado 7 de octubre. En su decisión ha ordenado a Israel que evite decisiones que puedan contravenir la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio y que sus Fuerzas Armadas no cometan actos que puedan ser susceptibles de ser encuadrados en esos hechos pero no ha adoptado, como medida cautelar, imponer un alto el fuego entre los contendientes en la Franja de Gaza, lo que supone un alivio para el gobierno de Benjamin Netanyahu, que no tenía previsto cesar en su ofensiva militar y desdeñar las presiones internacionales que habría supuesto una decisión en su contra del tribunal de La Haya, que también ordena que se permita la entrada de ayuda humanitaria a la Franja y que no destruya las posibles pruebas de actos que puedan ser susceptibles de ser considerados delitos de genocidio. 

El Tribunal de La Haya, por tanto, deja un amplio espacio a Israel para interpretar la declaración preliminar de este organismo de la ONU, mientras que la decepción entre los palestinos de Gaza es evidente porque al no imponer un alto el fuego deja vía libre a Israel a que siga con los bombardeos sobre la población civil. No obstante, tampoco se podía esperar mucho de la decisión del Tribunal Internacional de La Haya, por cuanto no tiene capacidad para imponer sus decisiones, aunque tiene un efecto sobre la reputación del país y la actitud que puedan adoptar el resto de países. 

Respecto al fondo de la cuestión, el Tribunal de La Haya ha subrayado que no puede determinar si Israel tiene voluntad de cometer un genocidio sobre los palestinos, pero a tenor de las pruebas que obran en su poder consideran que tiene la jurisdicción para hacerse cargo del asunto, porque alguna de las pruebas aportadas sobre las acciones realizadas por Israel podrían entrar entre las causas que vulnerarían la convención sobre la prevención del genocidio, y que en virtud de este mismo acuerdo Sudáfrica tenía capacidad para presentar la denuncia contra las actuaciones de Israel al que ha acusado de tener “intenciones genocidas”

Tras los bárbaros atentados de Hamás del pasado 7 de octubre, el Estado de Israel ha desarrollado una operación sobre los palestinos en Gaza, sin discriminar entre los terroristas de la milicia y el resto de la población gazatíes, de la que ya han muerto 26.000 palestinos, decenas de miles de heridos y centenares de miles desplazados desde el norte hacia el sur de la Franja siguiendo las órdenes de las fuerzas militares israelíes, para encontrarse en un lugar que tampoco está siendo respetado por los ataques israelíes, lugar al que tampoco llegan los suministros ni los medicamentos que esperan en el paso de Rafah, en la frontera con Egipto.

Los dirigentes de Hamás, lógicamente, se habían mostrado dispuestos a cumplir con con las medidas cautelares impuestas por el Tribunal de Justicia de La Haya, con la salvedad de que por parte israelí se acataran también las medidas impuestas por la justicia de la ONU. 

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