Las elecciones presidenciales que se han celebrado en Irlanda carecían de una gran emoción. Al fin y al cabo el actual presidente del país, el dirigente laborista Michael D. Higgins, de 77 años, era el clarísimo favorito para renovar el cargo para los próximos siete años, con unos pronósticos en la encuestas en los que arrasaba a sus potenciales competidores, el empresario Seán Gallagher, a quien ya derrotó en los comicios de 2011, y la eurodiputada Liadh Ní Riada del Sinn Féin, el único partido que presentó un candidato.
Estas elecciones, para un puesto simbólico y de representación, han ido acompañadas de un referéndum para despenalizar la blasfemia que tiene protección constitucional y que deje de estar perseguida. Hasta la católica Irlanda y la jerarquía de su Iglesia consideran que se trata de un concepto "totalmente obsoleto", porque nadie ha sido condenado por ese delito desde hace más de siglo y medio, sino porque son conscientes de que las leyes que persiguen a quien profiere injurias contra Dios o las cosas sagradas han sido utilizadas "para justificar la violencia y opresión contra minorías en otras partes del mundo".
La Ley de Difamación reformada en 2009 por el Gobierno de coalición del centrista Fianna Fáil y el Partido Laborista, prohíbe la blasfemia porque así lo establece una cláusula de la Constitución nacional, prevén multas de hasta 25.000 euros para aquellos que "publiquen o profieran material que sea gravemente abusivo o insultante en relación con asuntos sagrados para cualquier religión, causando así indignación intencionalmente a un número sustancial de seguidores de esa religión".
Y en este último punto está el quid de la cuestión, en saber cual es el "número sustancial" de personas que se pueden sentir ofendidas en su sentimiento religioso cuando alguien, en uso de su libertad de expresión, profiere expresiones que pueden ser tipificadas como blasfemia. El último en ser acusado de un delito de blasfemia fue el director de cine Stephen Fry que afirmó que Dios es "un maníaco absoluto", pero los jueces consideraron que sus palabras no habían indignado a un número suficientes de personas.
La actitud irlandesa debiera ser un ejemplo para nuestro país donde últimamente proliferan los procesos abiertos por ofensas a los sentimientos religiosos. Aunque el delito de blasfemia en nuestro país está abolido desde 1988 permanece el de escarnio y cada vez es más frecuente ver a artistas de distinto tipo y condición frente a los tribunales por ofensas a los sentimientos religiosos realizados con la publicidad que ofrecen las redes sociales.
Los argumentos de las autoridades civiles y eclesiásticas irlandesas para acabar con el delito de blasfemia inciden en que contribuirán a mejorar la "reputación internacional" del país y para dar ejemplo a aquellos países en los que la blasfemia es castigada con la pena de muerte. Un buen intento que caerá en terreno baldío.
