El presidente de Francia, Emmanuel Macron, trata de frenar la protesta de los “chalecos amarillos”, que desde hace cinco meses salen a la calle los sábados para manifestar su malestar social con el gobierno de la nación, y lo ha hecho, como suele hacerse en todos los casos, con dinero. El presidente galo ha prometido una bajada de 5.000 millones de euros en el IRPF y la subida de acuerdo al IPC para las pensiones de menos de 2.000 euros, junto a otra serie de medidas que no son las que demandaban los miles de franceses que salen a las calles a protestar. Tras exponer las conclusiones a las que ha llegado el Eecutivo tras “el gran debate nacional” es preciso esperar la reacción de quienes le han puesto en un brete y han cuestionado su forma de hacer política y sus consecuencias para ver su grado de satisfacción con las propuestas.
Está por ver también si la actitud adoptada por el inquilino del Eliseo es la adecuada. Consultar a los ciudadanos y conocer de primera mano cuáles son sus inquietudes y problemas siempre es positivo. Lo difícil es dar respuesta a esas mismas peticiones sin que se produzca una insatisfacción mayor. Porque Macron llegó a la presidencia francesa con un ánimo reformista y una nueva serie de reformas es lo que considera imprescindible en un país que “trabaja poco” -aunque tenga una gran productividad- porque los franceses se incorporan tarde al mercado de trabajo, se jubilan a los 62 años y tienen una jornada de 35 horas.
Junto a los impuestos y las pensiones, Macron también aceptó a medias otra de las peticiones de los “chalecos amarillos” , la disminución del número de firmas necesarias para la convocatoria de referéndums de iniciativa compartida, para lo que será necesario un millón de firmas en lugar de los 4,5 millones actuales, pero no como querían estos de que se pudieran convocar referéndums de iniciativa ciudadana, lo que supondría de hecho la desaparición de la democracia parlamentaria.
El presidente francés se comprometió también a aplicar con mayor rapidez la política de descentralización en un país todavía excesivamente centralizado para acercar la toma de decisiones a los ciudadanos y que, en definitiva, se tenga en cuenta de forma más sólida las necesidades de la Francia rural en materia de servicios.
El orgullo de Macron habrá sufrido al reconocer que parte de la responsabilidad en la crisis desatada por las protestas de las rotondas es suya, pero ha demostrado valor al poner en marcha un procedimiento novedoso para tratar de enderezar la situación, pese a que no se sabe cuáles serán sus frutos. Por lo pronto todos los partidos de la oposición, los conservadores de Los Republicanos, la extrema derecha de Reagrupación Nacional, y la izquierda de la Francia Insumisa se mostraron decepcionados con el plan de Macron. Tanto este último partido como los propios chalecos amarillos critican que no se haya reimplantado el impuesto sobre la fortuna.
