La Fiscalía del Tribunal Penal Internacional, con sede en La Haya, podrá realizar investigaciones en Venezuela para determinar si las autoridades chavistas han cometido delitos de lesa humanidad desde 2017. Se da así el salto cualitativo que supone el cierre del examen preliminar y el inicio formal de una investigación, lo que supone que el TPI tiene elementos para pensar que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad y teóricamente se podrá realizar con el concurso de las autoridades venezolanas, tras el memorando firmado por el propio presidente venezolano, Nicolás Maduro, y el fiscal del TPI encargado del caso, el británico, Karim Khan, en el mismísimo palacio de Miraflores, sede de la presidencia venezolana. Maduro, que se ha prestado a colaborar con el TPI, afirmó, no obstante, que no comparte la decisión.
Los hechos que se investigan parten de la represión de las manifestaciones contra el Gobierno bolivariano en 2017 y en otros casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y malos tratos y abusos contra los detenidos por las fuerzas de seguridad, en lo que es la primera investigación del TPI sobre un país latinoamericano. Una decisión que ha sido acogida por las organizaciones defensoras de los derechos humanos con un alborozo directamente proporcional a la preocupación de los dirigentes venezolanos. Es por tanto un camino que se inicia, pero por el que pueden llegar a transitar otros dirigentes latinoamericanos que se han distinguido por su desprecio a los derechos humanos de sus ciudadanos.
La primera tarea del TPI será la de identificar a los autores de los hechos denunciados, y a continuación determinar si hubo una política de Estado para impulsar la represión y la violación de derechos humanos y que los crímenes se llevaron a cabo de forma sistemática. Que el propio Nicolás Maduro acabe prestando declaración ante la Justicia internacional es una posibilidad muy lejana por el momento.
La decisión del Tribunal Penal Internacional tiene una doble derivada: la primera, que pone en jaque toda la actividad diplomática venezolana para transmitir la idea de que ha mejorado su sistema judicial y el respeto a la oposición, de hecho, si la fiscalía del TPI investiga es porque se duda de que la justicia venezolana haya actuado con diligencia en la defensa de los derechos de los venezolanos; y la segunda, que la justicia sigue siendo un instrumento en manos de los chavistas para laminar a la oposición política y de defensa del autoritarismo de Nicolás Maduro.
